El juez, el prófugo y el procesado

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia insiste en que el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del caso cocteles, adelantó opinión sobre Fuerza Popular, el partido político que investiga.

Las declaraciones que ofreció a la prensa, después de que el cuestionado ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry sacara a dos fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, resultaron demasiado directas. Pero que el juez permitiera que la indignación, que compartía con la gran mayoría de los ciudadanos, le ganara, no explica que los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones le den la razón a un prófugo de la justicia, como Jaime Yoshiyama, y a un abogado como Humberto Abanto, quien también es un procesado en el caso Odebrecht.

Para más pistas: Yoshiyama se fue del país días antes de que se le dictara prisión preventiva y desde entonces no se le ha vuelto a ver ni la sombra. La Fiscalía lo escudriña porque testigos de primera mano sostienen que recibió un aporte de US$1 millón de la constructora Odebrecht, mientras se encargaba de la campaña electoral del fujimorismo en 2011. Mientras que Abanto es investigado por el equipo especial de la Fiscalía por su participación en varios laudos arbitrales en los que la empresa brasileña confrontó con el Estado peruano, y en los que siempre salió favorecida; lo que significó que el erario público perdiera cientos de millones de dólares.

Los involucrados consideran al juez Richard Concepción como un magistrado extremadamente duro. Lo catalogan como un “juez canero”, porque según ellos usa el último recurso para asegurar la comparecencia de los imputados en los procesos.

En cambio, los ciudadanos lo consideran un juez probo, que no se casa con nadie; que aplicó el mismo criterio y la misma contundencia cuando tuvo que decidir tanto en el caso Humala-Heredia como en el caso Fujimori.

El ex fiscal Avelino Guillén sostiene que las declaraciones del juez Concepción Carhuancho a la prensa solo siguieron la línea de una de las resoluciones que había emitido y que ya era pública. Los fiscales del equipo especial piensan que esta recusación era un objetivo del investigado partido fujimorista, por lo que su coordinador general, Rafael Vela, evalúa presentar un recurso para revertir sus efectos.

La instancia que evaluará esa impugnación determinará si los comentarios del juez Concepción justifican que un prófugo y un procesado se salgan con la suya.