La reforma constitucional aprobada este mes en México, por la cual los jueces serán elegidos en votación popular, se presenta como un avance democrático, pero, en realidad, es todo lo contrario. Es solo un camino más sofisticado para someter el sistema judicial al poder político. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició su carrera política en el PRI y lidera el partido Morena desde 2015, pretende con esta reforma volver a los tiempos en que México fue calificado como “la dictadura perfecta” por Mario Vargas Llosa.
El partido Morena cuenta con más de dos millones de afiliados y en las elecciones de este año, no solo ganó la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum, sino que alcanzó la mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de Diputados. Es evidente que ahora aspira a controlar el Poder Judicial. Esto es especialmente grave en un país donde las economías ilegales tienen una enorme participación en el financiamiento de las campañas políticas. El propio AMLO ha sido acusado por The New York Times de haber recibido cuatro millones de dólares de la banda narco Los Zetas. Es evidente que los candidatos con mayor probabilidad de ser elegidos entre miles de postulantes serán los que tengan el apoyo político de Morena y/o el financiamiento de los capos del narcotráfico.
En el Perú no tenemos ahora un partido hegemónico como Morena, pero la cantidad de políticos investigados por el Ministerio Público ha llevado a una confluencia de intereses para aprobar reformas constitucionales y legales orientadas a restar autonomía al sistema judicial. Pero, a diferencia del caso mexicano, nadie sabe quién será el beneficiario de esa mayor concentración de poder en 2026.
Entre estas iniciativas, una de las más riesgosas es la proyectada sustitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) para la delicada tarea de nombrar y remover jueces. Aunque tiene oportunidades de mejora, la JNJ ha sido diseñada como un organismo meritocrático, elegido por siete instituciones de diverso origen. La proyectada ENM concentraría el poder en solo tres altos magistrados, por lo tanto, más fáciles de controlar por el poder político.
Quizá la reforma más peligrosa sea la de otorgar al próximo Senado —tal como ha sido diseñado— el poder de nombrar diversas autoridades, entre ellas las electorales. Como ya he comentado anteriormente, la fórmula aprobada para la elección del Senado favorece a los dos partidos con mayor votación y, en particular, al que tenga más votos en las regiones andinas. Por ejemplo, según cálculos de Ipsos con la cifra repartidora, el partido de Ollanta Humala, que obtuvo 21% de los votos para el Congreso en 2006, y con ello consiguió 38% de las curules, habría alcanzado con la fórmula aprobada 50% del Senado; y el partido Perú Libre, que llevó al poder a Pedro Castillo y Dina Boluarte con apenas 13% de la votación parlamentaria en 2021 y con ello logró 29% de las curules (37 congresistas), habría obtenido con la fórmula aprobada 25 senadores, es decir, 42% del Senado, a un paso de construir una mayoría propia.
La Comisión de Constitución que hoy preside Fernando Rospigliosi tiene que reflexionar muy bien sobre los ajustes que requiere el sistema de votación —para representar debidamente al electorado limeño, por ejemplo— y las facultades que propone asignarle al próximo Senado, teniendo en cuenta la gran incertidumbre existente sobre quién podría tener la primera mayoría en las próximas elecciones
