El proyecto de ley que plantea un cambio en la Constitución para establecer prohibiciones adicionales para postular a cargos públicos, incorporando a los delincuentes condenados por graves delitos como homicidio, terrorismo, secuestro, narcotráfico, entre otros, volverá a ser analizado en esta legislatura en la Comisión de Constitución.
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Ello luego de que, en la legislatura anterior, por intereses y cálculos políticos (el difunto Alberto Fujimori todavía pretendía ser candidato, pese a cargar con sentencias por delitos graves), la iniciativa quedara en nada.
Esta vez, sin embargo, el fujimorismo sí se ha puesto las pilas. Como dice Fernando Rospigliosi, nuevo presidente de la Comisión de Constitución, de lo que se trata ahora es de buscar un consenso para que la nueva propuesta vea la luz. El constitucionalista Aníbal Quiroga, por su parte, ha añadido que no es posible que un extorsionador o un sicario ocupe una curul en el Parlamento. “Estos condenados estarán rehabilitados para muchas cosas, pero no para tener cargos públicos”, ha dicho el jurisperito.
Como se han pronunciado también otros analistas y expertos en el tema, al constitucionalista le parece razonable que se proponga una ley que exprese claramente que quien ha sido condenado por delitos graves esté impedido de participar. Si la ola criminal que atenaza actualmente al Perú viene aterrorizando a la ciudadanía, imagínense si un sujeto de esta calaña llega al poder político, sea legislativo o ejecutivo.
Paralelamente al trámite congresal, en el Poder Judicial se librará otra batalla por la democracia. La Corte Suprema deberá resolver en los próximos días el pedido de la Fiscalía de la Nación para declarar ilegal a la agrupación A.N.T.A.U.R.O., acrónimo completo del partido inscrito que solo para el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, no alude al nombre de Antauro Humala.
Como se sabe, este personaje –que se encuentra recorriendo el país en notoria campaña electoral– ha sido condenado por homicidio, secuestro y rebelión, delitos por los cuales ni siquiera ha mostrado arrepentimiento.
Las bancadas de izquierda seguramente cuestionarán el nuevo texto del proyecto, pero los políticos honestos deben tener claro que lo que está en juego es la calidad y la continuidad de nuestra democracia.
Una democracia administrada por sentenciados que, levantando postulados extremistas, gobernarían obviamente en favor de intereses vinculados a las economías ilícitas –minería y tala ilegal, narcotráfico, sicariato, trata de personas, universidades bamba y similares– solo llevaría a la destrucción del Estado de derecho que es el fundamento del sistema político peruano.
