La historia de una muerte anunciada

Este es el cuarto artículo que escribo sobre Petroperú desde el primero en julio de 2022, en el que puse en duda la capacidad de la empresa para generar fondos y servir sus deudas. En mi segundo artículo indiqué que había llegado a un punto de no retorno, requiriendo una cirugía mayor que no se realizó. En el tercero, hace solo dos meses, resalté la importancia de socializar sus pérdidas una vez que se acepte que la empresa está quebrada. Desde entonces, la situación financiera de Petroperú no ha hecho más que empeorar, al punto que hace un mes su directorio indicó que las condiciones de la empresa son extremadamente graves, que requiere nuevos recursos por US$2,200 millones y que consideraba irresponsable e inmoral solicitar mayor financiamiento del Estado. Posteriormente, tanto Fitch como S&P redujeron la calificación de la empresa, resaltando sus falencias operativas y financieras, así como la inoperancia del Gobierno para resolverlas.

Mantener el statu quo implica que el Gobierno continúe inyectando fondos hasta estabilizarla, lo que no va a ocurrir sin reducir sus enormes deudas y costos laborales. Algunos proponen nombrar una administración privada, pero esto tomará meses y es poco realista pensar que alguien acepte sin un compromiso del Estado de cubrir cualquier falencia, lo que simplemente prolongaría su agonía, aumentaría las pérdidas, impediría que estas se socialicen entre todos los acreedores y, aun así, no garantizaría su sostenibilidad. Por otro lado, ya se evidenció la inmoralidad de seguirla financiando, distrayendo recursos que podrían ser utilizados para mejorar nuestra educación, salud, seguridad o infraestructura.

Reitero lo que indiqué en mi artículo anterior sobre la empresa: lo equitativo y justo sería socializar las pérdidas entre las partes involucradas que en este caso incluyen a su único accionista el Gobierno peruano, a sus acreedores (bonistas, instituciones financieras y proveedores) y a sus empleados. El Gobierno debe evitar cargar con toda la deuda de Petroperú, particularmente porque no garantizó explícitamente una parte importante de esta. Por ello, es importante que los acreedores, incluyendo los empleados de existir pasivos laborales, participen en la reestructuración de la empresa y asuman su responsabilidad.

El único camino posible para que esto ocurra es hacer uso de los procedimientos concursales existentes en Indecopi, que permiten nombrar a una Junta de Acreedores que designe a sus administradores para decidir la mejor alternativa para la empresa. Esto facilitaría la reestructuración de su deuda, la venta de activos, y la reducción de costos mediante una racionalización organizacional; intentando asegurar su sostenibilidad a largo plazo dentro de la normativa vigente que garantiza la transparencia y equidad del proceso. No veo otra manera de impedir que los contribuyentes terminemos cargando un muerto que cada vez se hace más pesado y oneroso, aunque me sorprendería que el Gobierno opte por este camino.