La mala educación

¿Quién puede pensar que es una buena idea poner a cargo de la educación a profesores que durante décadas incumplieron la obligación de obtener o acreditar su título pedagógico? ¿Que no se presentaron o jalaron el examen para medir su idoneidad en el puesto? ¿Y que, de acuerdo con la carta de un sindicato, están “desempleados desde 2015”? Solo el Congreso.

“Incorpórese a la Carrera Pública Magisterial a los docentes nombrados interinamente […] que fueron cesados”, señala la norma aprobada. La representación nacional se inaugura así como una agencia de empleos. Y de las negligentes. No ha previsto siquiera una evaluación de los potenciales 14,000 beneficiados que garantice que siguen siendo idóneos para la docencia.

La norma es abiertamente inconstitucional. Contraviene la copiosa jurisprudencia del TC que respalda la reforma del magisterio. Una educación pública de calidad y evaluaciones para acceder o permanecer en la carrera no son una concesión graciosa del legislador, sino un mandato constitucional (art. 15-16). De hecho, entre 2015 y 2020, hay al menos 10 sentencias del TC en las que específicamente señala que el cese de los profesores interinos no fue arbitrario, no violó sus derechos y “se sustenta en las obligaciones del Estado de prestar un servicio público de calidad”.

Este incidente ha expuesto “la mala educación” de los congresistas. Los vicios son reiterados: deficiente estudio técnico sobre las implicancias de la norma, nula evaluación de alternativas de solución al problema que sí cumplan con ser constitucionales, un debate pobre y apresurado, y exoneración de la segunda votación que permitiría mayor debate y reflexión. Todo con la gravedad de que los afectados son miles de estudiantes y sus aspiraciones y, con ellos, las posibilidades del Perú venidero. Una tragedia.