En su mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte, anunció varias mejoras planificadas para el sector educación. Sin embargo, aunque muchas de estas iniciativas son positivas, no abordan de manera integral los problemas estructurales que enfrenta nuestro sistema educativo.
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La inestabilidad en el liderazgo ministerial sigue siendo un obstáculo significativo. Cada cambio en la dirección del ministerio de Educación provoca una reorganización de prioridades y equipos que interrumpe la continuidad de políticas y proyectos vitales. Para avanzar, necesitamos un liderazgo fuerte y estable alineado con un Proyecto Educativo Nacional, que mantenga una visión a largo plazo y asegure la implementación coherente de políticas educativas.
Otro desafío crítico es la meritocracia en el sector. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la formación docente y aumentar los salarios, es fundamental implementar un sistema riguroso de selección y promoción basado en méritos técnicos. Solo así se podrá garantizar que las decisiones y acciones estén orientadas por criterios técnicos sólidos y no por intereses personales.
Es fundamental trabajar en la descentralización e implementación de políticas con los Gobiernos Regionales. A pesar de las inversiones en infraestructura y equipamiento anunciadas, muchas regiones aún carecen de la capacidad para ejecutar proyectos de manera efectiva. Solo 9 de las 24 regiones del país cuentan con Escuelas Bicentenario. La falta de conectividad y acceso a la tecnología deben ser una prioridad para cerrar la brecha de aprendizaje urbano-rural.
Para lograr un cambio verdaderamente eficiente, el Perú necesita un liderazgo empoderado y libre de intervenciones políticas, capaz de coordinar acciones en todo el territorio nacional. Países como Singapur e Indonesia han demostrado que, con un liderazgo claro y políticas coherentes, es posible alcanzar resultados significativos y en corto tiempo.
El compromiso con un solo plan educativo, respaldado por todos los partidos políticos y líderes, es esencial para garantizar la continuidad y el éxito a largo plazo de las reformas educativas. Los niños, niñas y adolescentes del Perú merecen un sistema sólido y equitativo que les permita desarrollar su máximo potencial.
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