Como empresario ganadero en Puno, me enfrento a una difícil encrucijada al contratar personal para mis labores diarias. En esta región, la competencia paga S/125 semanales a los trabajadores, una cifra significativamente por debajo del sueldo mínimo legal de S/1,025 mensuales. En promedio, los sueldos en Puno son de S/980, también por debajo del mínimo establecido.
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Mi deseo es formalizar la contratación de mis trabajadores, ofreciéndoles los beneficios que otorga estar en planilla. Sin embargo, solo puedo asumir un costo de S/200 semanales por trabajador. Si destinara esta cantidad, el trabajador recibiría aproximadamente S/150 después de descontar los costos de la seguridad social y el sistema nacional de pensiones. Este salario tampoco permite cubrir gratificaciones ni la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ya que mis ingresos son constantes durante todo el año, sin picos en julio y diciembre cuando estos pagos adicionales son requeridos.
El problema principal radica en la imposición de un sueldo mínimo que no se ajusta a la realidad económica de muchas regiones y sectores en el país. La existencia de un sueldo mínimo elevado pone una valla insuperable para pequeños empresarios como yo, que no pueden contratar formalmente a sus trabajadores sin incurrir en pérdidas significativas. Esta normativa, aunque bien intencionada para proteger a los trabajadores, no considera las realidades económicas de negocios más pequeños y sectores específicos como la ganadería en Puno.
Esta situación me fuerza a optar por la informalidad laboral. Aunque no es lo que deseo, contratar informalmente es la única manera de mantener mi negocio funcionando y a mis trabajadores empleados, aunque sin los beneficios formales que deberían recibir. La realidad es que, con un sueldo mínimo más flexible que considere las particularidades de cada sector y región, podría contratar formalmente sin comprometer la viabilidad económica de mi empresa.
Este es un ejemplo claro de cómo la imposición de un sueldo mínimo puede, en ocasiones, perjudicar a quienes buscan cumplir con la ley. La necesidad de una reforma que equilibre la protección de los derechos laborales con la sostenibilidad económica de las empresas es evidente. Solo así, podremos garantizar un entorno donde tanto empleadores como empleados puedan prosperar en condiciones justas y equitativas.
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