La imagen de una bodega destrozada por una explosión, la aparición de granadas por doquier o un ómnibus de transporte público que estalla por los aires son hechos que deberían estremecernos. Al contrario, estamos perdiendo capacidad de asombro, lo vemos como algo cotidiano y llamativo, parecemos resignados al terror, siempre que ocurra lejos de nuestro alcance. La violencia va ganando la batalla a una sociedad sin fuerza colectiva para exigir soluciones al Gobierno y demás autoridades.
Los criminales, paradójicamente, se saben intocables porque cuentan con más recursos que la Policía, obligada a trabajar bajo riesgo y en desventaja. En lo que va de este año, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) registra 108 hallazgos de granadas y 329 intervenciones por material explosivo y artefactos artesanales, cifras superiores a las del año pasado.
Frente al arsenal de los delincuentes, la UDEX se convierte en una primera línea de defensa. Sin embargo, el maltrato que reciben es devastador. No cuentan con los equipos suficientes para enfrentar a los delincuentes. El número de efectivos es ínfimo: apenas 140 policías en Lima y, a nivel nacional, solo existen 200 especializados en desactivar explosivos y la mayoría no cuentan con una unidad UDEX porque pertenecen a otras áreas. La UDEX es una unidad importante para la seguridad en estos días; sin embargo, es la unidad abandonada por el Ministerio del Interior, tanto que ni siquiera tiene oficina propia.
Mientras la delincuencia aumenta sus métodos de extorsión y encuentra en los artefactos explosivos la herramienta para exigir el pago de cupos, el Estado mantiene sin recursos ni instrumentos a los llamados a desactivar las bombas. En la región de La Libertad, los criminales infunden terror a diario a punta de estallidos, y este dato muestra un absurdo: Trujillo tiene apenas dos policías para desactivar explosivos, y lo hacen sin cascos ni chalecos protectores. En el interior del país, la UDEX no tiene presencia porque el Estado, en lugar de equiparlos, ha decidido mirar a otro lado.
El Gobierno de Dina Boluarte parece tener la decisión de abandonar la seguridad ciudadana, porque no existe ningún plan destinado a evitar los crímenes, robos y extorsiones que ocurren a diario. Las bandas criminales han empezado a dejar artefactos explosivos a los ciudadanos extorsionados y esa brutal práctica seguirá aumentando porque ninguna autoridad toma medidas. Por ejemplo, sigue sin control el ingreso de explosivos desde la frontera con Bolivia, zona con fábricas de explosivos, en su mayoría de uso industrial. En este contexto, una UDEX sin equipamiento ni recursos no va a poder realizar sus actividades para proteger a los ciudadanos. ¿Qué espera el Gobierno para actuar? ¿Que haya muertos o mutilados?
La violencia sigue escalando y sigue sumando modalidades en su brutal accionar. Mientras desde el Ministerio del Interior se ha abandonado a las fuerzas policiales, el ministro se ocupa en desactivar, no explosivos, sino unidades policiales para proteger a acusados por corrupción.
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