Develado el juego de misterios y negociaciones bajo la mesa en el Congreso, el autodenominado Bloque Democrático colocó como candidato a la presidencia del Legislativo nuevamente a un representante de Alianza para el Progreso, luego del periodo oscuro, populista y poco transparente del saliente titular, Alejandro Soto.
Y una vez más quedó en evidencia el grosero intercambio de concesiones según los intereses mezquinos de cada grupo, puestos estos siempre por encima del interés nacional. El papel estelar estuvo a cargo, cómo no, de Fuerza Popular. A ellos les tocaba ejercer la presidencia de la mesa en este periodo, pero –suponemos– para “no quemarse” con miras a 2026, ceden cortésmente la plaza a los otros socios del Gobierno en el hemiciclo.
Muñeca política, que le dicen, algo en lo que la bancada naranja lleva décadas de ventaja a otras más bisoñas, que arrastradas por la avidez de ‘ganarse’ alguito hoy mismo, les preocupa poco o nada lo que podría suceder mañana. El fujimorismo ya puso en marcha su maquinaria electoral y han arrancado con artillería pesada, dentro y fuera del Congreso: dispuestos a sacrificar peones y posiciones, pero apuntando al premio gordo que tantas veces le ha sido esquivo a su lideresa.
Los peruanos, mientras tanto, asisten como convidados de piedra a esta innoble repartija del Poder Legislativo. Un espectáculo nada patriótico que se repite rigurosamente cada 28 de julio.
El nominado por parte de APP es Eduardo Salhuana, un congresista que aún no explica sus contactos con los mineros ilegales de la región que representa: Madre de Dios. Si como simple parlamentario presenta iniciativas para fomentar la explotación ilegal y contaminante de minerales en la selva peruana, no queremos ni imaginarnos lo que podría hacer como autoridad máxima en el hemiciclo.
En momentos en que el Perú necesita recuperar la credibilidad ante los inversionistas dentro y fuera del país, el Poder Legislativo insiste en la repartija, con una mesa directiva compartida, amén de tiendas partidarias menores, con Fuerza Popular, Avanza País y –ojo– Perú Libre. Es decir, una correlación favorable, diríase hasta amistosa, con las actividades criminales alrededor, no solo de la minería que opera fuera de la ley.
De concretarse esta presidencia, estaremos ante una maniobra política que puede causar un daño incalculable a la institucionalidad de nuestra democracia y, sobre todo, a los marcos jurídicos que sostienen la economía peruana.
