La reciente declaración del ministro de Agricultura de que en el Perú “no se pasa hambre” y que se “come de manera contundente” es, cuanto menos, preocupante si es que no un absoluto desprecio a nuestra sociedad. La realidad de la inseguridad alimentaria en el país es mucho más compleja. Según la FAO, el 51.7% de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a 17.6 millones de personas. No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad nutricional; un desafío que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, los mercados de barrio juegan un rol fundamental en la seguridad alimentaria. No solo actúan como espacios de intercambio económico, sino que son también puntos de encuentro social y cultural. La proximidad de los mercados en los barrios asegura que las familias puedan acceder a alimentos frescos y asequibles, fortaleciendo la economía local y fomentando la cohesión social. Es un sistema que garantiza que, a pesar de las limitaciones económicas, las personas puedan mantener una dieta variada y, ojalá, nutritiva.
Mientras tanto, sigue habiendo amenazas contra los mercados y ferias distritales. Por supuesto, es muy importante que las municipalidades se ocupen de garantizar la seguridad para vendedores y compradores pero, al mismo tiempo, deben procurar poner orden de forma inclusiva. Es decir, minimizando la pérdida de puestos laborales y ofreciendo las flexibilidades correspondientes para el ordenamiento. En el caso del cierre del Mercado 1 de Surquillo se están afectando más de 600 familias, quienes han perdido su fuente de ingresos, y, además, se está privando a los compradores de una fuente de alimentos.
Aquí es donde se hace evidente la necesidad de un enfoque equilibrado: la renovación de infraestructuras es esencial para garantizar la seguridad de todos, pero no debe ir en detrimento de la continuidad de las actividades económicas que sostienen a tantas familias.
La mejora de infraestructura es bienvenida, pero se le debe prestar atención a la gestión social en procesos como estos. Veamos el caso del Mercado de San Isidro, que generó controversia en el momento de su remodelación y que, a pesar de haber generado un lindo espacio público, tuvo como resultado un mercado soso, sin alma.
Las políticas públicas en torno a la seguridad alimentaria deben ser integrales y enfocarse no solo en la disponibilidad de alimentos, sino también en su accesibilidad. Esto implica asegurar que los mercados de barrio se mantengan operativos y en condiciones adecuadas, así como la implementación de programas que garanticen que los alimentos perecibles lleguen de manera oportuna a las ollas comunes y otros puntos de distribución en las comunidades más vulnerables.
