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Julio Guzmán y César Acuña quedaron fuera de carrera. Como alentaban sus adversarios y temían sus seguidores, el JNE confirmó su posición del 3 de marzo en la que determinó, por mayoría, la procedencia de la tacha del primero y la exclusión del segundo.

El ambiente de incertidumbre ha sido provocado por mal manejo en el procedimiento de ambas partes. Ha generado polarizaciones y enfrentamientos entre quienes buscaban capitalizar la nueva coyuntura electoral y quienes, por conveniencia, querían encontrar cinco pies al gato, gritando "fraude".

Resulta indispensable para una democracia que las instituciones cumplan con la ley. No hay duda de que, después del partido electoral, el nuevo Congreso está obligado a simplificar la reglamentación para que coincida con el espíritu constitucional. Lo que no puede hacer una institución electoral, a 30 días de la elección, es traicionar el marco de la legalidad. Las tachas a los candidatos pueden presentarse y resolverse hasta 10 días antes de las elecciones.

Lo complejo en el caso de Julio Guzmán es que se ha resuelto cuando su candidatura había tomado un impulso importante ante la opinión pública, pero esa es la diferencia en un ámbito político, donde las percepciones son siempre subjetivas y no jurídicas, donde no hay otra interpretación más que la aplicación de la ley.

No hay duda de que es una situación que no genera satisfacción y desorienta las percepciones de los seguidores de Guzmán y Acuña, quienes tienen caminos para apelar su causa, incluso, ante instancias supranacionales, pero el sinsabor y la frustración no debe ser excusa para destemplarse gritando un fraude que no existe, porque eso ya se convierte en un atentado contra la estabilidad del país.