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La muda

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Susana Villarán se quedó muda. Hace algún tiempo sus allegados presionaban a Luis Castañeda para que responda por los incómodos cuestionamientos sobre su gestión. Hoy, ella tampoco dice nada sobre las graves acusaciones que pesan sobre ella. ¿Quién es peor? ¿Aquél que logró zafar de sus responsabilidades por un evidente caso de corrupción como Comunicore o aquella que se presentó como la cura y terminó siendo peor que la enfermedad? ¿No es más indignante que precisamente esa persona que se vendió como la abanderada de la honestidad termine envuelta en flagrantes casos de conflictos de interés e investigaciones por graves delitos?
Todo empezó con el testimonio del publicista brasileño Vlademir Garreta. El aspirante a colaborador eficaz afirmó ante los fiscales peruanos que había recibido un total de tres millones de dólares (dos de Odebrecht y uno de OAS) para el financiamiento de la campaña a la no revocatoria del año 2013. Luis Favre acaba de confirmar ante Hamilton Castro que efectivamente Garreta lo contrató para ese fin. El propio Jorge Barata confirmó los pagos que hizo. Hubo –según su declaración oficial- hasta una llamada de agradecimiento de Villarán por el apoyo económico millonario de la corrupta Odebrecht.
Ambas empresas estaban relacionadas a la Municipalidad de Lima. En ese momento, Odebrecht acababa de firmar un contrato por la concesión “Rutas de Lima” y OAS ya tenía la concesión del proyecto “Línea Amarilla” que fue cambiado a “Vía Parque Rímac” por la gestión de Susana Villarán.
¿Qué garantía tenemos los limeños que esos contratos fueron estructurados en beneficio de los intereses de los ciudadanos y no torcidos a favor de estas dos empresas corruptas? Revisemos los hechos. Susana Villarán extendió la concesión de 30 a 40 años para beneficio de OAS a través de una adenda en el contrato. Esta adenda se firmó el 13 de febrero del 2013, días después de que Vlademir Garreta se reunió con ella para definir el respaldo brasileño para la campaña por la no revocatoria. Luego, a pocos días de perder las elecciones del 2014, cambió las condiciones de la concesión para permitir a la empresa incrementar los peajes; algo que se traduce en ganancias de miles de millones proyectadas a 40 años.
El contrato con Odebrecht por la concesión de “Rutas de Lima” se firmó en enero del 2013. Semanas después –según lo que contó Barata a la fiscalía- se produjo una reunión con José Miguel Castro. Allí el hombre de confianza de Villarán le pidió el respaldo económico para la no revocatoria.
La Fiscalía investiga a Susana Villarán por delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. Habría que exigirle también que responda a un pliego de preguntas para explicar todo esto. Digo, para ser coherentes ¿no?