Mujeres bajo ataque

Los últimos sucesos sobre las denuncias de acoso y ataque sexual que pesan contra el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, cuya orden de impedimento de salida del país –pese a la acumulación de pruebas en su contra difundidas en los últimos días– se dictó casi cuando estaba a punto de abordar un avión con destino a Ecuador, ponen en evidencia, otra vez, notorios huecos negros en la administración de justicia cuando se trata de este tipo de delitos.

El posible intento de fuga se bloqueó al límite de la campana, como se suele decir en la jerga boxística, y mal que bien el aparato judicial se libró de quedar nuevamente expuesto al ridículo público, pero fue sobre todo por la actuación y la alerta que dieron otras instituciones. A pesar de que existía una denuncia ante el Ministerio Público, esta se trató como un papel más.

En lo que se refiere a violencia contra la mujer, la ciudadanía tiene todavía muy fresco el recuerdo del escandaloso caso de Arlette Contreras, cuyo agresor, Adriano Pozo Arias, tras una serie de maniobras y presuntamente ayudado por contactos en el Poder Judicial, logró eludir penas severas en tribunales de Lima y Ayacucho una y otra vez, hasta que, luego de recibir finalmente una condena en firme, con una reparación civil ni siquiera acorde con el delito, al decir de los especialistas, igual logró burlar a la ley, permaneciendo prófugo hasta el día de hoy. El caso de Arlette lleva ya más de cuatro años yendo y viniendo de juzgados y recorriendo despachos de la Fiscalía, sin que se pueda cerrar como se debe, es decir, con el criminal en prisión.

Como con las libidinosas fechorías del abogado Bazán Gutiérrez, también se contaba con clamorosos videos que registraban con fehaciencia el abuso cometido, pero para unos operadores de justicia no fueron relevantes.

Tan alarmante lenidad judicial se manifiesta en las cruentas cifras de feminicidios en el país, que en muchas circunstancias no son más que el triste corolario de denuncias de mujeres violentadas que no se atendieron ni procesaron debidamente. ¿O es que tiene que existir un cadáver de por medio para que fiscales y jueces recién muestren rápidos reflejos ante los depredadores sexuales?