Mujeres: compromiso para la justicia

Despojadas de sus investiduras o altos cargos, once mujeres brindaron esta semana su testimonio de las muchas vallas que superaron, pero también de las poderosas motivaciones para hacerse escuchar en un mundo de hombres y pelear su justo espacio. En el testimonio de todas ellas, estuvo presente el estereotipo de género, la necesidad de trabajar más que los hombres para demostrar así que son capaces y las adversidades que tuvieron que superar para lograr el sitial en el que hoy se ubican.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, emocionó al narrar los rasgos de misoginia de un jefe y el valor que afloró en la dificultad para ser fiscal en las zonas más remotas del país. La jueza suprema Janet Tello reveló que la violación sexual a su mejor amiga marcó su vocación de abogada y Carmela Sifuentes contó cómo alcanzó ser la máxima dirigente sindical del país buscando trabajo digno para las mujeres del campo, explotadas entre los explotados. La ministra de Economía puso énfasis en la necesidad de alcanzar el empoderamiento de la mujer a partir de su independencia económica; y la joven Indira Huilca afirmó la necesidad de la participación de la mujer en la vida política del país para transformar desde ahí las desigualdades de la que son víctimas las mujeres. María Isabel León, María Jara y Cecilia Valenzuela compartieron también su testimonio de vida, marcado por la tenacidad y convicción de tener las mismas oportunidades que los hombres para dirigir las instituciones que hoy lo hacen.

El escenario del encuentro fue el Tribunal Constitucional, marcado por un ambiente con preponderancia masculina; prueba de ello es que el salón donde se desarrollaba el evento estaba lleno de retratos de hombres que ocuparon la presidencia de esta institución, desde su creación.

A pesar que la Constitución proclama la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, en los hechos vemos que es una norma, una declaración principista, que requiere aún darle contenido y materialidad.

Hoy en día, las mujeres siempre pueden dar fe de una realidad diferente: menos oportunidades, discriminación y violencia.

En el Conversatorio “Palabra de Mujer. Conquista del espacio público por las mujeres” –que reunió a ministras, dirigentes de gremios empresariales y profesionales o dirigentes sociales destacadas– no solo se habló de empoderamiento de las mujeres sino del compromiso que nos obliga, desde el lugar en que llegamos, a seguir abriendo trochas y cerrar las brechas de género.

Un ejemplo de este compromiso es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (STC No 03378-2019-PA/TC) que por unanimidad ha declarado que es constitucional una medida de protección, cuando un juez decide no realizar la audiencia dada la urgencia de salvaguardar la integridad de la persona denunciante.

El Tribunal ha dispuesto que las medidas judiciales de protección a favor de víctimas de violencia se dicten con la sola evaluación de una “ficha de valoración de riesgo”, sin escuchar la declaración del denunciado, afirmando así la plena vigencia del derecho a una vida libre sin violencia.

La lucha de la violencia contra las mujeres es una lucha que nos compromete a todos; ya no es un tema propio del espacio privado de los hogares sino un tema que nos involucra a todos como colectivo social, pues sus efectos son nocivos no solo para las mujeres, quienes sufren la violencia, sino incluso tiene un impacto económico, que representa un 3.7% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que en el año 2019, según Natalia Manso, Fundadora de Women Doing Business, duplica los efectos de la corrupción en el Perú, que se estima entre el 1 % y el 2 %. Tampoco se puede dejar de visibilizar los efectos colaterales de la violencia en los hijos de las mujeres violentadas, no solo en su desarrollo emocional sino en su formación educativa e integración socio-afectiva.

Esta semana, en que todos conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha en la que debemos renovar nuestro compromiso de materializar la obligación constitucional de remover las desigualdades, a fin de apostar por el empoderamiento femenino y hacer del sistema de justicia peruano más empático y coherente con la agenda de los derechos de género.