¿En qué cree el gobierno de Dina Boluarte? Pues cada vez está menos claro. Dos casos de alto perfil en la última semana así lo demuestran.
El primero está relacionado a Petroperú. Hace menos de tres meses el Ejecutivo parecía dar señales de un giro de timón en el manejo de la petrolera estatal, cuando se designó como presidente del directorio a Oliver Stark, un ejecutivo con amplia trayectoria en el sector privado. Desde sus primeras declaraciones, Stark fue claro en reconocer la delicada situación financiera de la empresa, y la inviabilidad de seguir subsidiando sus pérdidas sin cambios estructurales en su manejo. Señaló, además, su intención de introducir una gestión privada, de implementar un Project Management Office u otras medidas tan drásticas como la venta del emblemático edificio de San Isidro para trasladar todo el personal a Talara.
La posición de la nueva administración de Petroperú marcaba una clara distancia respecto de las gestiones previas, que habían abogado por mantener el statu quo con recurrentes inyecciones de recursos del erario, en total oposición a cualquier cambio estructural en la gobernanza y administración de la empresa.
Sin embargo, pasaron las semanas y el Ejecutivo no tomaba decisiones para moverse en la dirección propuesta por el nuevo directorio. Así, hace quince días este tuvo que dar un ultimátum a la administración Boluarte, exigiendo que sincere sus intenciones respecto de la petrolera. El comunicado señalaba que solo hay tres posibilidades: una real reestructuración en la línea de lo propuesto por Stark, declarar la quiebra de la empresa o mantener el statu quo e inyectar más recursos (en cuyo caso el directorio renunciaría).
Tras este emplazamiento, el gobierno mantuvo el silencio, pero trascendió que Boluarte se reunió con Pedro Chira (expresidente de Petroperú), Óscar Vera (exministro de Energía) y Enrique Bisetti (asesor de Hugo Chávez, nefasto presidente de la petrolera durante el gobierno de Castillo). Todos ellos públicos opositores a cualquier cambio en la empresa, cuyos nombres, según trascendió, estaban siendo evaluados por Boluarte para regresar a ella.
Días después, el martes de esta semana, el ministro Mucho anunció su respaldo a Stark al confirmar que no habría cambios en el directorio. No obstante, dos días después, el premier Adrianzén deslizó que “no necesariamente todos (los directores de Petroperú) sigan en función”. ¿En qué quedamos entonces?
La seriedad de este tema no es menor. Petroperú mantiene una deuda de más de US$8,500 millones (cinco veces su patrimonio) y lleva años generando pérdidas. Si no se toman decisiones, seremos todos los peruanos quienes sigamos financiando el despropósito monumental que esta empresa supone hoy.
El otro tema en el que la postura del gobierno parece tan cambiante como la cotización del dólar es la posición respecto del dictador Nicolás Maduro y su reciente “reelección”.
Luego de haber sido el primer país de la región en denunciar el fraude en el proceso electoral del pasado julio, de la noche a la mañana el gobierno ha pasado a una posición incomprensiblemente tibia. Tras el cambio en la titularidad de Relaciones Exteriores, el nuevo canciller dijo, en sus primeras declaraciones, que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”. Luego de ello, ha evitado usar la palabra “fraude” o “dictador” para referirse a Nicolás Maduro.
Por su parte, Dina Boluarte refirió que su gestión “no será parte de un fraude electoral” y no “apoyará ningún régimen dictatorial”. Sin embargo, evitó referirse a Edmundo González como presidente electo y se limitó a llamarlo “candidato de oposición”.
El primer ministro Adrianzén se ha expresado esta semana en la misma línea. Al ser consultado sobre el tema, en una entrevista en RPP, negó que González sea presidente electo y se abstuvo de decir que en Venezuela hay una dictadura.
Todos parecen haber olvidado que, hace pocas semanas, Javier González-Olaechea, en representación del gobierno, manifestó, ante el Consejo Permanente de la OEA y en diversas entrevistas, que Edmundo González era “el legítimo presidente electo de Venezuela”. En ese momento, ni Adrianzén ni Boluarte ni nadie en el Ejecutivo lo contradijo.
Es evidente, pues, que ha habido un cambio drástico en la postura del gobierno también en este tema.
¿Qué creerá el gobierno en algunas semanas más? Difícil saberlo. Parece que la única convicción de la administración es que no hay una convicción.
