Qué semana. El Gobierno se quiere chifar a la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza, y que ya no sea el INEI sino el Midis el que tenga la responsabilidad de medir la pobreza en Perú. Como bien advierten Javier Escobal y Javier Herrera ayer en el diario Gestión, eso implica una amenaza para el sistema estadístico, que hoy se ha ganado el reconocimiento de organismos multilaterales.
El Midis tiene antecedentes de poca transparencia: hasta ahora no publica el informe que confirma la gravedad de la inseguridad alimentaria que el país enfrenta y que ha generado las penosas declaraciones del ministro de Agricultura. Y el tema viene desde arriba, como se evidenció cuando el Gobierno quiso ordenar al jefe del INEI la postergación de la publicación oficial del informe sobre pobreza 2023. El Gobierno tiene listo un decreto supremo, nos advierten, y hay que abogar para que se respeten los fueros y la independencia del INEI.
Los cambios en el gabinete ya se esperaban, pero igual sorprenden. ¿Le servirán de algo al Gobierno? Tal vez, una mirada freudiana, concentrada en las omisiones, pueda ser más relevante. El ministro del Interior, con mil cuestionamientos y audios que incluso comprometen a la presidenta, recibe abrazos tan efusivos como innecesarios. ¿O es que sí le son necesarios a la presidenta? ¿Quién y con qué podría estar en capacidad de exigirle un gesto tan fuera de lugar?
Interior se fortalece, además, con la inconstitucional ley que traslada de la Fiscalía a la policía la conducción de la investigación. Si bien se enarbola como algo para combatir la delincuencia, implica que el Poder Ejecutivo va a poder ponerle paños tibios, fríos o helados a cuanta investigación le moleste.
La presidenta Boluarte y el prófugo Cerrón entre ellos, como señala en su columna semanal ayer Carlos Basombrío. No sólo se ha desactivado para efectos prácticos a la DIVIAC, sino que ya todo estaría sujeto a mayor influencia del ministerio del Interior. Y existe un peligro más: este ministro, exasesor de narcotraficantes y policías cuestionados, ha dicho hace ya tiempo que quiere pasar al retiro a 700-800 policías, sin que el Congreso hasta ahora junte 33 firmas para interpelarlo. Algo tiene que explicar esa inacción.
De los cambios se infiere que la presidenta no considera que haya nada que cambiar en Salud ni Agricultura. No existe ningún problema en la lucha contra el dengue, que los especialistas consideran que el próximo año va a explotar; ni en la disponibilidad de medicamentos que al no ser comprados a tiempo resultan más caros; ni con el examen del Serums.
Tampoco le molestan las reiteradas crisis autogeneradas por declaraciones tan empáticas sobre el hambre en el Perú. Parece que el dicho “si no puedes convencerlos, confúndelos” tiene una variante: genera tantas crisis que ya todo valga. Eso tiene fecha de expiración.
El directorio de Petroperú sobrevive, pero no hay aclaraciones suficientemente precisas. Iván Alonso ayer en El Comercio detalla cuántos rojos hay en esa libreta y la urgencia de pasar de generalidades a especificidades. La idea de un gestor privado tiene el riesgo de ser un engaña-muchachos que solo postergue la agonía y cueste otro dineral.
Y, de remate, el cofre, que así se le llama al auto que transporta a la presidenta. Se sabe que estaba cerca de donde se escondía Vladimir Cerrón. No existen muchas explicaciones plausibles para algo tan extraño (no, el chofer no se cachueleaba haciendo Uber por las noches). El primer ministro dice que ojalá la Fiscalía actuara con la misma premura en todos los casos, pero el hecho trascendió en marzo. Einstein probó que el tiempo es relativo, pero en condiciones un poco especiales.
El ciudadano de a pie no puede seguir todos estos frentes donde se cuecen habas (y en condiciones tan poco higiénicas). Sí acumula la noción de que ahora la trampa es ley. Extraña las épocas en que primero se hacía la ley y después venía la trampa. Así estamos, encofrados: sintiendo como nos pegan varias tablas y preguntándonos cuándo llega el hormigón.
