Los incendios forestales no son novedad en el Perú; pero la magnitud de los actuales, que han cobrado vidas humanas y dañado la flora y fauna en diversas regiones, es la más devastadora de la última década.
Más lamentable, la tardía reacción del Gobierno. Fue necesario conocer la pérdida de vidas humanas, más de un centenar de heridos, y las súplicas de alcaldes y gobernadores, para declarar en emergencia algunas jurisdicciones tras un incendio devastador que sigue arrasando miles de hectáreas de tierras de cultivo y bosques. Más allá de lo acontecido, la pregunta es: ¿pudo haberse previsto esto?
Es obvio que las prácticas de roza y quema son culturalmente transmitidas por generaciones, y que poco se ha hecho para modificar estos patrones, pero ese no es el mayor problema. El Perú es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y al fenómeno de El Niño (con inundaciones y sequías). El problema radica en la falta de conciencia oportuna sobre la importancia de la acción gubernamental; más aún, si el problema no ocurre en Lima, recibe menos atención.
Declarar el estado de emergencia es relativamente fácil y reactivo. Se asignan recursos para responder a la urgencia, con todas las excepciones administrativas necesarias, porque la prioridad es enfrentar el desastre, salvar vidas y controlar la gravedad de los daños. Sin embargo, la emergencia no soluciona problemas de fondo, como la falta de prevención.
Son las declaraciones de emergencias, que son cada vez más continuas, las que revelan que el Estado no funciona adecuadamente; no existe una acción gubernamental efectiva ni liderazgo desde el Ejecutivo. Son los valientes agricultores, bomberos, policías, personal de salud y voluntarios en las regiones quienes enfrentan directamente las emergencias. Lamentablemente, los incendios avanzan y siguen degradando nuestro ecosistema debido a la ausencia de planes, equipamiento especializado para las unidades de bomberos en regiones, insumos y equipos aéreos para combatir los incendios forestales, entre otros.
Nada de esto es nuevo; es un problema complejo con múltiples aristas que incluyen factores culturales, fenómenos naturales y motivaciones delictivas, como la tala ilegal y el narcotráfico. Todo ello conduce a la deforestación y al cambio del uso de suelos, presentes en muchas zonas de la sierra y la selva peruana.
Debemos saber que la prevención y gestión de desastres en general está presente en la estructura del Estado, el tema es que no opera eficientemente. Tenemos un Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres y la obligatoriedad de contar con un Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales que está a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), pero su última versión expiró en 2022. Era obvio —y a nadie preocupó— que la prevención y gestión del riesgo en materia forestal no estaba en la agenda de las autoridades competentes, menos las acciones integradas, la dotación de recursos y el equipamiento para responder ante la emergencia que hoy nos asfixia y que no solo ocasiona significativos daños ambientales, sino también en la salud de las poblaciones aledañas.
Similar situación nos sacudió en 2023 con la llegada del ciclón Yaku y la amenaza ante un próximo fenómeno de El Niño Costero. Aun así, no aprendimos la lección. En ese entonces, Contraloría reveló que el 72% de las entidades públicas incumplieron la aprobación y gestión de su Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres.
De qué sirve un plan si no se cuentan con los recursos humanos y materiales para su implementación. Parece necesaria la creación de un programa presupuestal específico, alineado al Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales y la Restauración de Ecosistemas Degradados, que asegure el financiamiento, planificación e implementación de actividades específicas para prevenir y reducir los riesgos de incendios forestales, así como la restauración rápida de las áreas afectadas, priorizando aquellas de alta biodiversidad y con suelos forestales degradados.
Sobre la base de un programa presupuestal y la identificación de actores y procesos, es crucial discutir una nueva arquitectura institucional pública que sea efectiva y menos indolente. Estos problemas deben enfrentarse con decisión política y estrategia técnica, sin depender de la agenda coyuntural o negando su gravedad.
