Nuevas autoridades

El 1 de enero asumirán funciones 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,874 distritales. La mayoría de ellos, por primera vez y sin experiencia de gestión previa. Otras tantas autoridades con procesos judiciales pendientes, algunas antiinversión privada.

Estas autoridades deberán tomar las decisiones sobre el desarrollo del país a nivel subnacional entre el 1 de enero 2019 y el 31 de diciembre 2022. Para que se haga una idea de lo que ello implica, el presupuesto de 2019 para los gobiernos regionales es de S/30 mil millones y el de los gobiernos municipales S/20 mil millones.

Uno de los principales problemas que debemos enfrentar es la limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno. Esta incluye debilidades en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión y compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y monitoreo del gasto público. Esta falta de capacidad en la gestión del gasto público lleva a que la calidad de la infraestructura, según el indicador del World Economic Forum, se encuentre muy por debajo de las economías avanzadas. Por un lado, la falta de acceso a infraestructura impide el crecimiento de la economía al limitar el desarrollo del sector privado. Y, por otro, tiene un impacto directo en el acceso de los ciudadanos a infraestructura y servicios.

La gestión pública no es fácil y lamentablemente en el Perú tenemos muy pocos gestores públicos adecuadamente preparados. La no reelección y la inexistencia de partidos políticos nacionales hace que las autoridades, agrupadas en feudos de poder, pasen por un largo periodo de aprendizaje. Quienes asumen las consecuencias de ello somos todos los ciudadanos.

Pese a ello, el presidente Vizcarra decidió que el presupuesto nacional de 2019 sería más descentralizado. De tal manera que los recursos para los proyectos importantes de infraestructura saldrán directamente a las regiones. Incluso el sector salud contempla una partida adicional para los gobiernos regionales destinados a acciones de salud pública e infraestructura. ¿Y cómo harán las autoridades recién instaladas para lograr administrar el enorme presupuesto que recibirán?

De los gobiernos regionales dependen, además, las direcciones regionales de desarrollo económico, de desarrollo social, de infraestructura y de medio ambiente. Muchas de estas instituciones plagadas de corrupción imponen barreras al libre desarrollo de las inversiones privadas. ¿Decidirán las nuevas autoridades hacer frente a la corrupción y erradicarla de sus instituciones? ¿O esta seguirá siendo moneda corriente?