Atalaya queda en el Perú

Desde el 15 de agosto, comunidades asháninkas, yinés, amahuacas, yaminahua y shintonahuas de la provincia de Atalaya, región de Ucayali, se están movilizando –ahora último con toma de vías de comunicación incluida– para que el Gobierno responda a un pliego de demandas de 35 puntos.

Según la web de noticias Servindi, especializada en comunicación intercultural, las demandas están desatendidas desde hace buen tiempo. La protesta busca “frenar la actitud de ‘no consulta ni consideración’ a los pueblos ancestrales por parte del Estado y las empresas transnacionales que utilizan de forma intensa los ríos (…) lo que contamina el agua y ahuyenta los peces, principal fuente de alimentación”.

Además, reclaman el fin de “las concesiones forestales superpuestas al territorio ancestral de las comunidades”, con la consecuente depredación del bosque amazónico. Ante la propagación del narcotráfico, demandan “priorizar el reconocimiento de las comunidades a fin de fortalecer la seguridad jurídica amazónica”. Piden activar comités de autodefensa y nuevas reservas comunales para proteger la diversidad del bosque. Una demanda específica es la investigación del origen de las enfermedades que sufren los nahuas, entre quienes se halló, en 2015, una alta concentración de mercurio. En resumen, los movilizados reclaman derechos ciudadanos elementales.

A menos de tres años del bicentenario de la independencia, es de esperar que se deje de lado el discurso del ‘perro del hortelano’ esgrimido por Alan García y traducido en el ‘Baguazo’, de tan trágicas consecuencias. La anunciada presencia del premier César Villanueva en Atalaya para el 28 de este mes, según comunicación (20/8/2018) de la Presidencia del Consejo de Ministros a la Organización Indígena Regional de Atalaya, puede ser un paso en esta dirección, siempre y cuando se deje de mecer a quienes bastante postergados se han visto ya durante toda la historia de la república.