[OPINIÓN] Alfredo Torres: Perú, país de emprendedores

Los peruanos tenemos una oferta culinaria muy diversa y un paladar desarrollado. No es raro, entonces, que existan más de 200 mil restaurantes en el país. Sin embargo, no más de la tercera parte son formales. No es fácil establecer el corte: muchos tienen RUC, pero no emiten facturas o boletas. Con frecuencia operan sin licencia de funcionamiento municipal o sin certificación sanitaria. En el ámbito laboral, las combinaciones entre algunos trabajadores en planilla, personal de “cuarta categoría” (vía recibos), auxiliares o meseros sin registro y familiares no remunerados son múltiples. Esta realidad se repite en muchas actividades económicas en el Perú.

De los casi 18 millones que conforman la PEA en el país, apenas 3 millones trabajan en empresas privadas de más de 10 trabajadores y otros 1.4 millones en el Estado. Los demás, el 75% de la PEA, laboran de manera independiente o en empresas de no más de 10 trabajadores, donde prevalece la informalidad y la baja productividad.

Si tres de cada cuatro trabajadores viven en la informalidad, se esperaría que la Comisión de Trabajo del Congreso oriente sus mayores esfuerzos a generar leyes que faciliten la generación de empleo por parte de las empresas formales. Increíblemente, no ocurre así. La práctica habitual de esta comisión es incrementar los costos laborales en beneficio de la minoría que trabaja en empresas formales –sobre todo del 8% empleado por empresas de más de 100 trabajadores– e ignorar a la gran mayoría de trabajadores de menores ingresos que son los que sobreviven en la informalidad.

El crecimiento de las empresas formales –pequeñas, medianas y grandes– es tarea de todos, no solo de las autoridades nacionales. Los gobernadores tienen la posibilidad de atraer inversiones en agroindustria, minería y otras actividades que brindan empleos de la mayor calidad. Los alcaldes tienen la posibilidad de atraer la construcción de, por ejemplo, centros comerciales modernos o promover capacitaciones para que sus vecinos emprendedores mejoren su productividad y transiten exitosamente a la formalidad. Lamentablemente, vemos con frecuencia que no ocurre así. Muchos gobernadores no alientan ni amparan la gran inversión y algunos alcaldes –en actitudes que lindan con el chantaje– clausuran centros comerciales y otras empresas formales, como denunció recientemente Perú21.

Los intelectuales también tienen su cuota de responsabilidad. La construcción de valores cívicos, republicanos, requiere una clase media en expansión. Eso supone acelerar el crecimiento económico –un factor desdeñado por algunos intelectuales– pero también demanda políticas públicas que aligeren el costo de la formalidad, de manera que cada vez más pequeñas empresas transiten de la semi-informalidad a la formalidad plena. Las empresas grandes tienen también la responsabilidad de apoyar la formalización y el crecimiento de sus pequeños proveedores, pagándoles puntualmente, por ejemplo.

Afortunadamente, el espíritu emprendedor está muy extendido en el Perú. Según una encuesta efectuada por Ipsos para Perú21Foro, a la pregunta “si pudiese escoger dos tipos de organizaciones para trabajar a lo largo de su vida, ¿dónde preferiría hacerlo?”, 75% contestaron su propio emprendimiento y la segunda respuesta fue una empresa privada grande. La ciudadanía lo tiene claro: quiere un país de emprendedores y empresas exitosas.