[OPINIÓN] Ana Jara: “¡La regionalización hace agua!”

Ya va siendo hora que nos dejemos de romanticismos y reconsideremos la necesidad de que el Gobierno Central reasuma provisionalmente determinados sectores como el de Salud, ante el evidente fracaso del proceso de regionalización por el cual los gobiernos subnacionales recibieron competencias, presupuesto y recursos humanos por efecto de la descentralización del poder en la administración del Estado; por lo menos hasta que sus autoridades estén meridianamente capacitadas para ejercer ese poder con eficiencia en la calidad del gasto público. Se requiere, en tal sentido, que el Ejecutivo persuada al Legislativo de adecuar el marco constitucional con una medida transitoria que le permita de forma más organizada sacar de la calamidad a nuestro sistema de salud. Está de por medio la vida de los ciudadanos y no caben cálculos políticos. Hay que verlo como una disposición extraordinaria desde el enfoque de derechos humanos.

Hay sectores estratégicos en el Estado que no han sido otorgados para que sean manejados por las regiones ni los municipios. Son los casos de Justicia y Relaciones Exteriores, por ejemplo. También podemos citar a los Centros de Emergencia Mujeres, locales de atención gratuita a favor de las víctimas de violencia familiar del Ministerio de la Mujer, que por medida de emergencia hubo que detener provisionalmente la transferencia de estos a favor de las municipalidades y disponer que continúen siendo administrados por el Gobierno Central, porque muchos de los que les fueron pasados, se encontraban en estado precario, allá por el año 2011.

Las circunstancias trágicas de la muerte del otrora primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, que no encontró un establecimiento de salud cercano que le atendiese, nos obliga a debatir la necesaria reforma del proceso de regionalización en el Perú. Urge sea replanteada. En el Derecho nada está escrito en piedra.

Si bien hay culpas compartidas de parte de los Gobiernos central, regionales y municipales, desde los albores de la descentralización con la Ley de Bases de la Regionalización, la Ley 24650 de allá por 1987, los primeros por no reforzar y acompañar de forma sostenida la capacitación a las autoridades subnacionales para un eficaz gasto de calidad de su presupuesto y estas últimas tampoco, salvo excepciones, han mostrado la voluntad política de rodearse de personas con experiencia de gestión en el manejo de la cosa pública. Las consecuencias saltan a la vista, más del 84% de gobernadores regionales estando en el ejercicio del cargo afrontaban investigaciones de carácter penal, según cifras del portal Ojo Público en 2022 y otro tanto, estimamos, sucedería con los alcaldes, purgando, algunos, prisiones preventivas y en sentencias condenatorias por corrupción. La regionalización hace agua.