[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Estado, es todo, es nada

Qué debe y no debe hacer el Estado ha sido el meollo de la discusión política durante muchísimo tiempo. Para los economistas, el rayado fundamental de cancha sobre ello ha sido materia de debate también, pero desde hace tiempo solo en detalles o afinamientos de problemas específicos. Y es clarísimo que el Estado es indispensable para que el mercado pueda funcionar (derechos de propiedad, contratos que se cumplan, garantizar seguridad ciudadana, resolución de conflictos y prestación de bienes y servicios públicos) y, salvo extremistas contados con los dedos, para nivelar las oportunidades (prestación de servicios de salud, educación y programas sociales para quienes lo necesitan). Obviamente, este “nitodoninada” implica harto detalle y hay diferencias. Pero para quienes no le encuentran placer a la disquisición teórica, el tema de fondo muchas veces no es el qué, sino el cómo.

Por ejemplo, Essalud tiene dos hospitales concesionados que tienen mucho mejor desempeño que el resto, operados directamente. En estos dos hospitales existen indicadores de medición de cantidad y calidad de servicio que no están disponibles en esa frecuencia ni cantidad para los demás hospitales. ¿Por qué? A los hospitales concesionados, se les paga en función de resultados, al resto no. Lo que no se mide no se gestiona, es un dicho frecuente del management, aunque hay que saber que ningún indicador es perfecto y que deben ser analizados con el debido criterio.

Hasta ahí, se está pensando en el problema desde una visión donde se identifica cuándo el Estado es necesario y se busca tener los incentivos correctos para que se produzcan mejores resultados. Pero en el Perú cada vez hay más y más ejemplos de que distintas instituciones del Estado, en distintos periodos y niveles de gobierno, es capturado por intereses corruptos, donde el Estado y el poder que este da es utilizado para fines particulares, independientemente del espectro político. Carmen McEvoy me dijo una vez que podríamos estar viviendo un momento en que la visión instaurada en buena parte de la sociedad es que el mecanismo más eficaz de ascenso social es la corrupción (y a ello podría agregarse las economías ilegales). Eso es brutal.

Para luchar contra ello, es indispensable tener policía, fiscalía y poder judicial sólidos y autónomos. ¿Cómo? Siendo la reforma policial compleja, lo es mucho más la del sistema de administración de justicia, no tanto porque no se sepa qué debe incluir (ha habido varios esfuerzos en esa dirección para identificar áreas de reforma), sino para asegurarnos de que se hagan bien, en serio y por tiempo suficiente.

Tomemos solo el tema de la elección, control y destitución de jueces y fiscales. La Junta Nacional de Justicia que, con lo que ya se sabe se ve que no ha funcionado bien (lo que no justifica que se le destituya con prepotencia), fue la respuesta al espectáculo inmundo de audios en que se transaba hasta con violadores en el Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez fue la respuesta a la politización de la judicatura cuando los supremos le debían el cargo directamente a los congresistas que los ratificaban o no.

Si hubiera agallas e intención real de enmienda, deberíamos licitar un acuerdo Gobierno a Gobierno entre los países que tienen mejor judicatura, fiscalía, contraloría y policía, pero eso es soñar despierto. Preferimos la medicina G2G para varios proyectos puntuales, en vez de atacar la raíz de los problemas que nos impiden tener un Estado fundamentalmente decente y eficaz. Y tener esa tranquilidad es todo o es nada.