[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Si no se va razonar Derecho, llamémosle Torcido

Mi papá me decía que debía ser abogado cada vez que mi terquedad lo sobrepasaba. Una década participando en diversos estudios sobre cómo mejorar el Estado peruano me obligó a entender, a trompicones, varios frentes del Derecho peruano, confundido por su ductilidad y no pocas veces distancia con la realidad. Creo firmemente que llamarle Derecho a razonamientos y argumentos que tan frecuentemente hacen piruetas es incomprensible para la enorme mayoría de peruanos, y que eso implica un costo institucional. Como si nos faltara caos y polarización, dos episodios de esta semana de la gravísima crisis institucional que padecemos lo han evidenciado aún más: el “no renunciaré” de Patricia Benavides y el ping-pong entre el TC y el juez de Ica sobre el indulto a Fujimori. No es tema de broma, porque aleja al ciudadano de a pie aún más de sentirse representado por gente que sí se preocupa por sus problemas reales: inseguridad, empleo, hambre, agua, salud, educación, etcétera, pero trato en este Babel de agregar humor con el lápiz. Por límites de espacio, me concentraré en el primero.

Cuando la fiscal de la nación (con minúsculas ganadas a pulso) dejó sin efecto la suspensión de la investigación al expresidente Pedro Castillo que había dictaminado su predecesora, primó el argumento de que era indispensable una investigación inmediata, porque se tenía el poder para “destruir, modificar o alterar los elementos de prueba del delito”. ¿Cómo así eso aplica para el expresidente Castillo, pero no tiene ninguna relevancia para ella misma, cuando ya se han encontrado pruebas de destrucción de documentación y además se ha anunciado un sospechosísimo apagón de sus sistemas?

Un mínimo de decencia para afrontar las investigaciones era dar el paso al costado que los fiscales supremos le pidieron y luego exigieron. Ni siquiera los fiscales que nombró en reemplazo de la fiscal Barreto le han aceptado el cargo. ¿Cómo puede reemplazar, nombrando a dedo, a quien ha empezado a investigarla? ¿Qué credibilidad puede tener una investigación donde el investigado nombra a su investigador? Al margen de si hay algún articulado que se pueda utilizar para justificarlo, ni el Congreso ha tenido tanta desvergüenza. ¿Qué puede entender o creer una persona común, angustiada por los problemas reales de su vida diaria? Otra institución del Estado que se pliega a la repartija del poder para beneficio de distintas argollas.

El Ministerio Público tiene una cultura muy vertical desde mucho tiempo atrás. A varios sorprende que una fiscal pueda investigar a su superior a través de la llamada operación Valquiria V. Esa cultura vertical y jerárquica ha sido predominante en el mundo del Derecho en general, y particularmente presente en el sistema judicial, pero ¿es compatible con la misión de perseguir el delito? En las empresas privadas, por ejemplo, ningún esquema de compliance está completo sin que incorpore un canal de denuncias disponible hasta para el más novato, y que garantice anonimato.

Si algo positivo se podría sacar de este periodo tan inestable es el de poder investigar a quien fuera, porque nadie tiene corona, venga de donde venga y esté en el cargo que esté. No es menor para un país donde el Estado ha sido un botín tantas veces, por corrupción y empleo sin meritocracia. Si, en aplicación del Derecho se justifican posiciones claramente percibidas como injustas o arbitrarias, lo que se devalúa es el valor de la ley, del sistema como conjunto.

Quienes creen, desde la derecha, que los llamados caviares son los enemigos, no han aprendido nada de la lección que debió dejarles el golpista Castillo. El Perú necesita volver a creer que no todo está perdido, como dice la canción (esa que escuchan los caviares, horrible oye). Y es ese Perú carente, informal, que tiene un Estado que solo se aparece para hacerles problemas, el que necesita una visión de futuro, con derechos y obligaciones que se explican, entienden y aplican por igual a todos.