[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: Jugar sin árbitro

La iniciativa presentada por el congresista Alejandro Muñante (RP) busca que los magistrados del TC dejen el cargo a los cinco años de haber sido nombrados, cuenten o no con un reemplazante. Esto supone modificar las reglas actuales, donde los magistrados permanecen en funciones para no afectar la labor jurisdiccional del TC hasta que el Parlamento cumpla con reemplazarlos.

De ser aprobado, el proyecto tendría un efecto devastador, neutralizando en la práctica al máximo intérprete constitucional. Este quedaría integrado solo por un magistrado (Ferrero Costa), imposibilitado de resolver caso alguno al haber perdido el número de integrantes necesario para funcionar (quórum). Es decir, no habría quien pueda expulsar del ordenamiento a las leyes inconstitucionales del Legislativo, la ciudadanía no obtendría respuesta a sus pedidos de tutela ante ese órgano frente a, por ejemplo, la acción abusiva del Poder Ejecutivo y los conflictos entre órganos y poderes perderían un canal institucional de solución, entre otros supuestos. Más grave aún: sin su guardián central, la condición de norma suprema de la Constitución quedaría en entredicho.

Para encontrar un paralelo equivalente, hay que remontarse a la década del 90. Valiéndose de un mecanismo más burdo, pero de resultado similar, el fujimorismo desarticuló al TC destituyendo a tres magistrados, consolidando así su proyecto autoritario. El acto le valió al Perú una condena internacional de la Corte Interamericana por afectar la independencia de un tribunal tan importante para la defensa de los derechos como el TC. Tal sería el seguro desenlace si el proyecto prosperara. No hay que olvidar que la lealtad a las reglas empieza por no eliminar al árbitro.