[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Deuda inaceptable”

Uno de los grandes problemas de nuestra economía, y en particular de nuestro mercado de trabajo, es el masivo incumplimiento —total o parcial— de la legislación laboral. Y, aunque en ningún caso se debiera normalizar, en el caso de las entidades públicas el incumplimiento es inaceptable. ¿Cómo pretende el Estado hacer cumplir las normas laborales si es el primero en incumplirlas?

Un caso particularmente grosero es el de la deuda previsional. A la fecha, el Estado adeuda unos S/12,167 millones a más de 430,000 trabajadores en aportes de AFP. Se trata de colaboradores a quienes su empleador estatal les descontó el aporte de su pago mensual, pero nunca se los depositó en su cuenta individual. En muchos casos, las deudas provienen de varios años atrás, y los trabajadores no encuentran mecanismos para hacer valer su derecho.

Además de apropiarse de un dinero que no es suyo, al no depositar los aportes de AFP, las entidades impiden que sus trabajadores se beneficien con la rentabilidad que habrían obtenido si es que los aportes se hubieran realizado oportunamente (una rentabilidad que históricamente ha alcanzado un promedio de 10% en el sistema privado de pensiones). Es decir, se está perjudicando gravemente el objetivo de construir una pensión para la jubilación.

Son 2,728 entidades públicas de los tres niveles de gobierno las que registran deudas. Los gobiernos regionales lideran el ranking, con deudas por S/6,206 millones, seguidos por las entidades del Gobierno Nacional, con S/3,402 millones y por los gobiernos locales, cuya deuda asciende a S/2,558 millones. Los principales perjudicados son los maestros de escuela. De hecho, el Ministerio de Educación es la entidad pública con mayor deuda (S/1,322 millones). ¿Así trata el Estado a los profesionales a cargo de la educación de nuestros menores?

Una buena noticia es que, en junio pasado, el Congreso aprobó una ley que castiga con hasta seis años de cárcel a los empleadores que se apropien de los aportes de AFP de sus trabajadores. Esto se logró mediante una modificación al Código Penal que tipifica estos casos como lo que son: una apropiación ilícita. Más aún, constituye un agravante si se trata de una entidad pública.

Otra medida a destacar es el programa REPRO-AFP III, aprobado por el Congreso en octubre, y que está operativo desde la semana pasada. Se trata de la tercera edición de un mecanismo que brinda facilidades a las entidades públicas para regularizar su deuda previsional. En concreto, permite que estas acuerden una reprogramación de sus pasivos en un cronograma de hasta 10 años, a cambio de lo cual se les condonan los intereses moratorios y compensatorios. Lo que las entidades sí deben reconocer es la rentabilidad que los trabajadores habrían recibido si es que el depósito se hubiera realizado a tiempo en su AFP. Así, las entidades reducen su deuda y los trabajadores pueden recuperar los aportes y rentabilidad perdidos. Un escenario de ganancia para todos.

Aunque tanto la tipificación de este delito como la aprobación del REPRO-AFP-III son avances positivos, es importante tomar otras medidas drásticas para evitar que el problema siga creciendo en el futuro. Así, por ejemplo, se podría plantear la detracción automática del aporte al momento en que se realiza el pago del sueldo al trabajador. Otra posibilidad sería que, al momento de realizar las transferencias de presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas retenga los montos adeudados a las entidades que mantengan pasivos previsionales, y haga el depósito directamente a las cuentas individuales de los trabajadores.

Así como estos, existen otros posibles mecanismos que deben ser planteados y evaluados para abordar este grave problema. Lo que no se puede permitir es que el sector público siga incumpliendo la normativa laboral de manera tan descarada y se siga perjudicando la jubilación de cientos de miles de trabajadores estatales.

Si apuntamos a mejorar las condiciones del empleo formal, empecemos por el Estado.