[Opinión] Joaquín Rey: “Irresponsabilidad sin límites”

Esta semana la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Monteza, presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, implicaría básicamente el fin del sistema privado de pensiones en Perú. Como otros proyectos, esta iniciativa busca aprobar más retiros de AFP. Concretamente, plantea que los mayores de 40 años que no hayan realizado aportes en tres meses puedan retirar hasta tres UIT. Pero va más allá: propone también que el 75% del ahorro individual pueda ser usado para pagar hipotecas y que los afiliados puedan emitir y vender títulos valores por el 100% de sus fondos.

¿Por qué es tan peligrosa la iniciativa? Vamos por partes. Primero, ya no hay razón para aprobar más retiros de AFP. El empleo y la producción se encuentran en niveles mayores a antes de la pandemia, y los realmente afectados ya pudieron obtener liquidez con los cinco retiros aprobados entre 2020 y 2021, que implicaron una salida fondos de casi S/66,000 millones.

Más aún, las condiciones para el retiro planteadas no tienen sentido. Un periodo de tres meses sin aportes no es inusual. El tiempo de desempleo transitorio promedio en Perú es precisamente de tres meses. Una medida de esta naturaleza debiera habilitarse para circunstancias realmente excepcionales, no casos promedio. Además, a los 40 años los trabajadores están en plenitud de su vida laboral. De hecho, aquellos de entre 40 y 50 años son el grupo de mayores ingresos. Esta es una edad para ahorrar para la vejez, no para retirar.

Para “financiar” estos retiros, el proyecto propone un sinsentido: que los recursos provengan del cobro de deudas que empresas tienen con las AFP por aportes no depositados. Para ello plantea que Reactiva Perú garantice créditos a las empresas deudoras y estas usen los recursos para pagar. Es verdad que hay más de 120,000 empresas con deudas, pero este es un problema independiente que amerita una política específica no conectada a retiros. Además, la estrategia sería totalmente inefectiva pues se trata de empresas que adeudan aportes hace años o décadas y no reciben sanción alguna por ello. ¿Qué incentivo tendrían para tomar un crédito con un banco para regularizar su deuda? Ninguno. Además, el proyecto asume que todos los afiliados elegibles e interesados en hacer retiros son acreedores de aportes adeudados, y esto es falso. Se trata de grupos totalmente independientes.

Pero ahí no acaban los problemas. Se propone también que el 75% de los fondos puedan ser usados para liquidar hipotecas. Esta es una total distorsión del propósito del ahorro previsional, que es asegurar una pensión para la vejez, no brindar crédito para vivienda. Ya existe la posibilidad de retirar 25% para este fin. ¿Cuál es el sustento técnico para triplicar el porcentaje? El proyecto no brinda el más mínimo análisis.

Finalmente, la iniciativa plantea que los afiliados puedan vender su fondo de AFP a manera de valores negociables a terceros, quienes podrán retirar el 95.5% del fondo cuando el afiliado cumpla los 65 años. En términos prácticos, esta medida permitiría que cualquier afiliado, sin restricción de edad, situación laboral o coyuntura económica, reciba de golpe el valor de su fondo y lo destine a cualquier fin hoy. Nuevamente se distorsiona el sentido del ahorro previsional, y se crea una bomba de tiempo para el futuro.

Lo que más sorprende es la ligereza y pobreza de análisis con la que el referido proyecto plantea todas estas medidas. Un verdadero mamarracho que lo que realmente conseguiría es reducir dramáticamente la ya baja cobertura de nuestro sistema previsional. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pasará cuándo los 8 millones de afiliados a las AFP hayan retirado el 100% de sus fondos? ¿De qué van a vivir en su vejez? No escuchamos a ningún congresista siquiera plantear esa pregunta. Irresponsabilidad sin límites.