[Opinión] Joaquín Rey: “La reforma universitaria no puede parar”

Esta semana se ha terminado de concretar un golpe definitivo a la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) y la reforma universitaria. El martes, el Tribunal Constitucional notificó la sentencia 397/2022, lo que marca el fin de una enrevesada estrategia legal planteada por un sector político que busca desarmar la referida reforma.

¿Qué hay detrás y cuáles son los efectos de esta sentencia? Para entender el caso, hace falta regresar unos meses en el tiempo. En julio de 2022, el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31520, que engañosamente lleva el nombre de “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Aunque el rótulo busca transmitir buenas intenciones, en la práctica la norma restablecía el nefasto modelo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que en el pasado llevó a la pululación de “universidades fachada” de paupérrima calidad que otorgaban títulos sin valor alguno en el mercado.

En concreto, la norma busca poner a las universidades en el consejo directivo de la Sunedu, tal como sucedía en la ANR. Es decir, poner al regulado a dirigir el regulador. Este es un despropósito equivalente a poner a Movistar en el consejo directivo de Osiptel o a Repsol en el de Osinergmin. Por si eso fuera poco, también se resta una serie de facultades a la superintendencia. Así, por ejemplo, elimina su competencia para licenciar nuevas carreras profesionales. En pocas palabras, se anula la capacidad de la Sunedu para hacer una supervisión efectiva a la calidad de la educación superior.

Pocos días después de que esta ley fuera aprobada en el Congreso, la Corte Superior de Lima otorgó un amparo interpuesto por la propia Sunedu que suspendió sus efectos. Como consecuencia de ello, la ley quedó inaplicada. Ante este revés, el mismo grupo de legisladores que promovió la ley en cuestión inició una astuta estrategia legal: interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la norma. Es decir, cuestionar la constitucionalidad de la ley que ellos mismos habían promovido. Su objetivo era claro: buscar que el TC declare infundada su propia demanda. Con esto, el amparo se suspende y la ley debe ser aplicada. Y esto es precisamente lo que han conseguido. Toda una maniobra.

Ante esta situación, salvo que suceda algún giro inesperado, la Ley 31520 entrará en vigencia en breve plazo. Con este nuevo marco regulatorio, no sería extraño que el nuevo consejo directivo de la Sunedu decida volver a la vida a algunas de las 48 universidades cuya licencia fue denegada por no alcanzar condiciones mínimas de calidad. Casas de estudio que impunemente estaban a cientos de miles de jóvenes peruanos y sus familias.

Es realmente lamentable que se retroceda en la que probablemente fue la única reforma de política pública exitosa que se llegó a implementar en el tribulado quinquenio 2016-2021. Y los intereses que hay detrás son evidentes. Basta revisar los perfiles y antecedentes de los actores políticos que han promovido la contrarreforma para notar su cercana vinculación con casas de estudio.

La defensa de la calidad educativa debería ser una causa que movilice a la sociedad en su conjunto. Es fundamental ejercer presión pública para detener este enorme retroceso. El futuro de cientos de miles de jóvenes está en juego. ¡Defendamos la reforma!