[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Un trámite más, ¿qué importa?”

En este espacio he señalado antes lo grave que viene siendo la contracción de la inversión privada este año. Lo preocupante es que, a medida que avanza el 2023, lejos de mejorar, la expectativa solo empeora. Esta semana, el Instituto Peruano de Economía estimó que, durante el primer semestre de 2023, la inversión privada ha caído en 10.7%. Excluyendo el atípico año de la pandemia, esta sería la caída más grave desde inicios de siglo.

La contracción de la inversión privada es la principal causa del magro crecimiento económico de este año, que, según diversas fuentes, estará en alrededor del 1%. Esto importa ya que, lejos de ser una cifra abstracta, el menor crecimiento se traducirá en mayor pobreza. Ya en 2022 la pobreza se elevó en 1.6 puntos porcentuales, y no hay duda de que este año se viene otro incremento.

En este contexto, lo que el Ejecutivo debería tener como prioridad es la reactivación de la inversión privada. No obstante, el mensaje por Fiestas Patrias careció de medidas concretas que contribuyan a este fin, y la mayor parte de anuncios se centró en el gasto público corriente.

Pero, si la falta de estrategias para reactivar la inversión privada es preocupante, más lo es el que se aprueben medidas que van en el sentido exactamente opuesto. Tal es el caso de la “declaración de cumplimiento de compromisos sociales voluntarios”, un nuevo trámite introducido en julio por el Ministerio de Energía y Minas para las inversiones en minería, hidrocarburos y electricidad.

En la actualidad, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya tiene el encargo de fiscalizar el cumplimiento de compromisos sociales obligatorios, pero, gracias a esta nueva disposición del Ejecutivo, en adelante, hará lo propio con los compromisos sociales voluntarios.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en la actualidad los proyectos mineros deben obtener más de 400 autorizaciones estatales. Con esta modificación normativa, se añade un nuevo trámite que las empresas tendrán que completar. Se trata, además, de una innecesaria intromisión del Estado en un acuerdo entre privados —las empresas y las comunidades de su interno— respecto de acciones voluntarias.

En abril de este año, el ministro Óscar Vera anunció que se tomarían medidas para reducir los plazos de aprobación de los proyectos mineros a seis meses, cuando hoy pueden tomar varios años. Lo que corresponde hacer para lograr este objetivo es simplificar los procesos de autorización, y poner el foco en aquellos que realmente añadan valor. No obstante, lo que estamos viendo es precisamente lo contrario.

Señalar la necesidad de simplificar los trámites para la ejecución de inversiones podrá sonar como un discurso trillado, pero el precio de no hacerlo —y de más bien hacer lo contrario— será muy alto: condenar a más peruanos a vivir en pobreza.

En mi columna del 23 de julio señalaba la gran incoherencia que constituye el que una autoridad supuestamente promercado y proinversión como Rafael López Aliaga ignore una resolución arbitral, y más bien impulse lo que en la práctica constituiría una expropiación. Esto a raíz de las intenciones del alcalde de “tomar” las casetas de cobro del peaje de la concesión Rutas de Lima.

Pues bien, pareciera ser que el señor López Aliaga, luego de dos semanas de silencio, hubiera reparado en que este no es el mejor camino y que llevarlo adelante le ganaría una coincidencia con líderes de regímenes socialistas. El problema es que, como él mismo ya habrá notado, no hay camino fácil para cumplir su promesa central de campaña y eliminar esos peajes. Ante esa realización, López Aliaga manifestó el viernes de la semana pasada que la municipalidad llegaría a un acuerdo de compensación con la concesionaria para suspender su contrato, y que este se pagaría con el apoyo del Ministerio de Economía.

Bastaron pocas horas para que el ministro Contreras diga, con toda claridad, que el Estado no daría un sol para este fin, lo que deja sin piso al alcalde. Y es que, como bien entiende el ministro, al final del día el pago de esa indemnización terminaría recayendo en todos los ciudadanos.

Lo que corresponde es respetar el contrato. Y el alcalde —dada su amplia experiencia empresarial— lo debería saber mejor que nadie.