[Opinión] Luis Miguel Castilla: Rumbo a las elecciones regionales

Con el aporte de especialistas con vasta experiencia en gestión pública, este libro parte por reconocer que los resultados del proceso de descentralización han sido infructuosos y las mejoras en la competitividad regional han sido dispares. La dualidad estructural que aqueja a la economía nacional se observa nítidamente a nivel regional. Por ejemplo, hay valles agrícolas de altísima productividad, que conviven con agricultura familiar de subsistencia; por su parte, hay yacimientos mineros formales geográficamente no muy alejados de predios invadidos por la minería ilegal; o casos de conflictividad minera bien gestionados que contrastan con experiencias donde la convulsión no parecería tener solución evidente. En ocasiones, estos contrastes incluso se pueden observar en una misma región o territorios contiguos.

Restricciones institucionales condicionan el despegue productivo. Es evidente que, sin mejorar, el marco institucional que rige la descentralización será muy difícil mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que se sienten marginados del progreso. Los problemas que aquejan a los gobiernos subnacionales son bien conocidos. Sin embargo, salir del entrampamiento actual demanda tomar consciencia de la importancia que tienen algunos aspectos que no siempre son abordados, a saber: la escala de los municipios, la efectividad de los mecanismos de control interno, y el rol que juega el Gobierno nacional en el proceso de descentralización.

En primer lugar, es muy difícil proveer servicios básicos a la población cuando el 75% de los municipios del Perú tiene menos de 10,000 habitantes. Esto se condice con la falta de condiciones mínimas para acometer emprendimientos económicos básicos. Menos del 10% de los distritos del país tienen las condiciones mínimas conjuntas de capital humano, inclusión financiera y ejercicio pleno de sus derechos democráticos.

Respecto a la lucha contra la corrupción, la presencia de la Contraloría no ha estado plenamente asegurada en aquellas jurisdicciones con mayores recursos públicos y que tienen los índices más elevados de inconducta funcional. Por último, plantear una recentralización es políticamente inviable, pero no se puede olvidar cuál es el objetivo de transferir responsabilidades y recursos del poder central a las regiones y municipios: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la competitividad territorial y no empoderar a los gobiernos subnacionales de turno para crear feudos sin rendición de cuentas ni acciones de impacto en sus jurisdicciones. Esta es una reforma compleja pero ineludible que requiere liderazgo y desprendimiento de la clase política, atributos hoy escasos en nuestro país.