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[OPINIÓN] Nelson Shack: “Conocer para prevenir, corregir y mejorar”

“Resulta de urgencia que nuestro país adopte medidas tangibles a nivel de las funciones ejecutiva y legislativa para salir del hoyo que han cavado por décadas gobernantes y funcionarios que llegaron a gestionar sin experiencia…”.

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Construir carreteras, colegios, sistemas de agua y desagüe, hospitales, canales de riego, entre otros, con recursos del Estado, son inversiones públicas que buscan mejorar la calidad de vida de la población. Su gestión eficaz es fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental del país.
De acuerdo con el Banco de Inversiones, a enero de 2024 existen alrededor de 520 mil proyectos a nivel nacional para los cuales el Estado viene invirtiendo más de 395 mil millones de soles, monto que se ha incrementado en los últimos años y lamentablemente, por la ineficiente gestión de gobernantes y funcionarios, vemos que muchos no cumplen su finalidad pública o se encuentran paralizados.
Conocer cuántos proyectos han concluido dentro de los plazos establecidos, cuántos están actualmente paralizados y desde cuándo; cuántos han experimentado un aumento en su presupuesto, cuántos han incurrido en sobrecostos y, sobre todo, cuántos cumplen con la finalidad para la cual fueron creados, resulta fundamental para anticipar posibles obstáculos en el desarrollo de los proyectos en curso e identificar áreas críticas de mejora en la gestión de la inversión pública. ¿Ello es posible? Claro que sí.
Por primera vez, la Contraloría General ha utilizado la inteligencia artificial para elaborar algoritmos que nos permitan identificar patrones de conducta en datos masivos. Como resultado de ello, en los próximos días, la institución pondrá a disposición del público una herramienta analítica innovadora. Esta plataforma será la primera en evaluar simultáneamente las inversiones públicas en todo el Perú, identificando sus principales riesgos financieros, presupuestarios, operativos y de control, sobre la base de 24 indicadores de desempeño objetivos que cubren las distintas fases del ciclo de inversiones y cuyos datos se obtienen de la interoperación de una decena de bases de datos oficiales del Estado. Se trata del Índice de Riesgos en la Inversión Pública (IRI), que se enfoca principalmente en analizar los proyectos.
Así, de los 520 mil proyectos, el IRI ha analizado de manera simultánea la situación de 198 mil proyectos viables y activos, gestionados por más de 2,400 entidades ejecutoras y que en conjunto representan el 75% (298 mil millones de soles) de todo el gasto acumulado en inversión pública del país. Con base en ello, podemos saber que la mayor cantidad de proyectos con altos puntajes de riesgo de inversión se ubica en Áncash, La Libertad, Junín y Lima Metropolitana.
Asimismo, detectamos que en el Gobierno nacional, el 40% de los proyectos viables y activos gestionados por el Ministerio de Salud, Agrorural y Provías Nacional se encuentra en alto riesgo; y que los proyectos en materia de transporte, saneamiento, educación y vivienda son los que presentan mayores riesgos.
El IRI advierte también que 37 mil proyectos viables y activos presentaron demora en la aprobación del expediente técnico; 38 mil incumplieron con las fechas del cronograma de ejecución física; 137,788 presentan discontinuidad en su ejecución financiera por más de 12 meses, y 42 mil presentan demoras de más de un año en la liquidación.
El IRI nos permite, además, detectar con preocupación que las entidades auditadas por la Contraloría General, a pesar de haber sido advertidas oportunamente sobre los riesgos y recomendarles medidas de subsanación que eviten perjuicios al país, registran una ineficiente adopción de medidas de mitigación. Es el colmo saber de antemano que se puede corregir, y no hacer nada al respecto.
Conocer para prevenir, corregir y mejorar es más que el título de un tema; resulta de urgencia que nuestro país adopte medidas tangibles a nivel de las funciones ejecutiva y legislativa para salir del hoyo que han cavado por décadas gobernantes y funcionarios que llegaron a gestionar sin experiencia, sin capacidad o con intereses particulares, olvidándose que entraron al Estado a servir y no a servirse.
Con el Índice de Riesgos en la Inversión Pública, la Contraloría General pone a disposición una sofisticada herramienta innovadora que resultará de uso básico para cualquier autoridad o gestor que quiera contribuir con el Perú.
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