[OPINIÓN] Nelson Shack: “¿Cuál es la cifra total de empleados en el Estado?”

Aunque pueda sonar como una historia increíble, en plena era digital nadie tiene certeza de a cuánto asciende la fuerza laboral en el Estado. El desorden es tal que ni siquiera, al cruzar todas las bases de datos, podemos obtener una cifra precisa.

Esto es muy importante porque, según el último estudio sobre la magnitud de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2022, la Contraloría General reveló que, de cada 100 soles destinados al rubro de planillas, se pierden 12 soles. Esto equivale a más de 9,950 millones de soles, que constituyen el 41% del total de la pérdida en ese año.

Si examinamos las 2,988 entidades que conforman el sector público en el año 2022, cuyo gasto agregado es el equivalente a la cuarta parte del Producto Bruto Interno peruano, vemos que la información está dispersa en diferentes sistemas o bases de datos, lo que nos hace suponer que no existe una consolidación de datos respecto al número total de los asalariados del Estado. Más aún, si la cobertura llega solo a los niveles de gobierno nacional y regional, pues se desconoce la realidad de la fuerza laboral en las más de 1,800 municipalidades provinciales y distritales, así como de las entidades de tratamiento empresarial, organismos públicos descentralizados, Essalud y de las empresas públicas.

Además, en esta era digital en la que los sistemas se nutren y responden eficazmente en función de la calidad de la información registrada en ellos, el 2% de las entidades del gobierno nacional y el 5% del gobierno regional no registran información del personal contratado en los sistemas correspondientes, pero sí registran los gastos que acarrean los contratos en el SIAF.

Dicha situación es peor para el caso de las municipalidades. A pesar de que ya pasaron 20 años del inicio del proceso de descentralización, aún no sabemos ni siquiera quiénes trabajan realmente en estas instituciones, cuánto ganan y qué competencias tienen en los gobiernos locales. Solo existe el total de trabajadores declarados en el Registro Nacional de Municipalidades, de casi el total de municipios, que serían 1,874 para el año 2022.

Otra causa del desorden es la diversidad de regímenes laborales que operan en el Estado y la ausencia de un servicio civil meritocrático. Al cruzar la información de estas bases de datos, se revela que, en el año 2022, el gobierno nacional destinó 35 mil millones de soles al pago de nóminas para 646 mil personas. De este total, 320 mil pertenecen a 10 regímenes especiales (policías, militares, jueces, fiscales, diplomáticos, maestros, médicos, entre otros), 65 mil están bajo el Decreto Legislativo 276, 56 mil bajo el Decreto Legislativo 728, 163 mil bajo Contratos Administrativos de Servicios-CAS, dos mil en el nuevo régimen del Servicio Civil, 49 mil en la modalidad FAG-PAG, entre otros.

En cuanto a los contratos de locación de servicios, en el año 2022 el Estado contrató a un total de 321 mil personas por unos 4,634 millones de soles a través de contratos que suelen ser menores a 8 unidades impositivas tributarias. Este escenario propicia la precarización del empleo y distorsiona los contratos, con la contribución del propio Estado.

En resumen, en el año 2022, el Estado peruano destinó más de 74 mil millones de soles al gasto en planillas y contratación de personal. Sin embargo, se carece de información precisa sobre la cantidad real de personal contratado en estas instituciones.

La interrogante que surge es esta: con una cantidad de un millón y medio de personas aproximadamente, con un presupuesto anual que supera los 74 mil millones de soles, ¿no deberíamos esperar una mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, y conocer dónde están y qué labor cumplen?

Lo descrito nos debe llevar a demandar una reforma que posibilite captar y retener a personal altamente calificado, así como la promoción de los empleados competentes y la expulsión de quienes no cumplen con los estándares requeridos. Solo a través de esta transformación podremos prestar adecuados servicios públicos en beneficio de toda la sociedad.