[OPINIÓN] Nelson Shack: “Discapacidad: Burocracia inclusiva o excluyente”

“Las leyes una vez aprobadas deben cumplirse. Eso es parte de la esencia de un Estado constitucional. Para ello, las leyes tienen que ser pertinentes y factibles de ser cumplidas”.

Nelson Shack

Fecha Actualización

07/05/2023 - 07:01

En 2012, se publicó la Ley 29973 para asegurar la promoción y protección de los derechos de la persona con discapacidad, cuya población en el país, de acuerdo al censo de 2017, supera los 3 millones 209 mil peruanas y peruanos, es decir, el 10.3% de la población.

Si bien el Estado adoptó medidas para avanzar en la inclusión a través de políticas públicas, estas no han sido del todo efectivas. Por ello, hoy quiero referirme a dos disposiciones legales concretas. La primera: la Ley 29973 de 2012 establece que las entidades públicas están obligadas a contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal.

En segundo lugar, la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, es decir, la actualmente vigente, establece que los gobiernos regionales y locales deben utilizar el 0.5% de su presupuesto en la ejecución de obras, reparación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura al servicio de todos los ciudadanos, prioritariamente para quienes se encuentren en situación de discapacidad, y el 0.5% adicional para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios; en suma, el 1% del total de su presupuesto.

Respecto a la primera disposición legal: cruzando la información de Conadis, y aquella proveniente del Aplicativo Informático de los Recursos Humanos del Sector Público, podemos ver que solo 38 mil 665 personas con discapacidad trabajan actualmente en el Estado, que representa menos del 1.6% del total de los que trabajan en el aparato estatal.

Otro dato que nos debe llamar la atención es que el Conadis, entidad que debe garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de personas con discapacidad, solo registra a 368 mil 600 en esta condición a nivel nacional. Esto demuestra que, después de una década de la promulgación de la Ley 29973, se requieren políticas públicas transversales efectivas para reducir la subcobertura de registro.

Si consideramos a la población con discapacidad que puede trabajar para el sector público al cumplir los estándares técnicos y profesionales establecidos por Servir, este número se reduce a 68 mil 596 personas. Sin embargo, también se observa un potencial universo de más de 100 mil personas que, con el apoyo del Estado, podrían ser capacitadas para formar parte de esta cuota y contribuir a un mejor servicio público.

Ahora bien, respecto a la segunda disposición legal: el Presupuesto Institucional de Apertura de 2023 ascendió a 214 mil 790 millones de soles; de este total, los gobiernos regionales gastarán 43 mil 870 millones y los gobiernos locales 29 mil 797 millones. En suma, el 1% de todos esos montos deben destinarlo en beneficio de las personas con discapacidad a nivel regional y local, es decir, más de 736 millones de soles; sin embargo, en el primer trimestre solo gastaron el 0.8% de la meta anual.

El Estado debe ser el primero en dar el ejemplo, pero, si seguimos viendo informes de la Defensoría que revelan que más del 88% de la población con discapacidad en edad escolar no accede al sistema educativo o que solo el 0.7% de colegios son accesibles para personas con discapacidad, o que el 88% no recibe tratamiento o rehabilitación para mejorar su calidad de vida o, peor aún, que más del 38% no tenga cobertura de salud, la gravedad de la indolencia resulta insostenible.

Lo expuesto nos muestra que es evidente que se requieren mayores incentivos, controles y sanciones para que la ejecución de recursos y disposición de servicios públicos de calidad, en beneficio de nuestros compatriotas con discapacidad, se haga realidad.

Las leyes una vez aprobadas deben cumplirse. Eso es parte de la esencia de un Estado constitucional. Para ello, las leyes tienen que ser pertinentes y factibles de ser cumplidas, y esto implica que el Poder Legislativo y el Ejecutivo hagan un análisis exhaustivo de la viabilidad técnica, factibilidad económica, equidad social, conveniencia política y sostenibilidad intertemporal de las normas que legalizarán las políticas públicas.

Hay mucho por hacer para lograr una verdadera sociedad inclusiva para este 10% de la población peruana, con quien seguimos en deuda.

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