[OPINIÓN] Nelson Shack: “El dedo en las consultorías”

En 2023, el Estado gastó 58 mil 306 millones de soles en contrataciones para obras, bienes y servicios. De este total hemos identificado que 19 mil 304 millones de soles han estado fuera de la Ley de Contrataciones; es decir, la tercera parte de lo que se ha gastado habría sido “a dedo”, sin un proceso, sin competencia, transparencia ni pluralidad de postores. Es aquí donde se concentra el principal caldo de cultivo y se deja la puerta abierta para que se cometan irregularidades.

Dentro del rubro de las contrataciones públicas se encuentran las famosas consultorías, en las cuales las entidades del Estado contratan a personas naturales y jurídicas para realizar investigaciones, estudios, diseños, supervisiones, asesorías, entre otros.

Las consultorías, dependiendo del monto y el marco legal aplicable, pueden efectuarse por diversas modalidades de contratación, ya sea por la Ley de Contrataciones, por dispositivos legales “especiales”, por contrataciones directas ante situaciones de emergencia, o mediante contrataciones sin proceso al comprender montos hasta por 8 unidades impositivas tributarias (UIT). Es aquí donde empieza el desorden.

¿Por qué el Estado permite las contrataciones “a dedo”? La Ley de Contrataciones del Estado dispone que las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de dicha ley.

Prestemos más atención: del total de contrataciones realizadas en 2023, 16 mil 184 millones de soles se destinaron para “consultorías y locadores”. De este monto, S/8,780 millones fueron contratados sin proceso y, de dicha cifra, 5,881 millones de soles se destinaron en locadores y 2,899 millones de soles en consultorías.

Un gasto que ha llamado la atención es el realizado por el Poder Ejecutivo en el año 2023, ya que hablamos de 3,222 millones de soles gastados sin proceso de selección. Por ejemplo, en la Presidencia del Consejo de Ministros se han gastado 204 millones de soles en este tipo de contrataciones. La pregunta es ¿para qué se invirtieron recursos públicos en consultorías? ¿Dónde están los resultados y de qué manera contribuyeron a la gestión pública?

Debido a que en los últimos años se generaron amplios cuestionamientos por esta modalidad de contratación, en el año 2022 se aprobó la Ley 31559, que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado, promovida por la Contraloría General, y cuya finalidad es impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las entidades del Estado. Como resultado de esta ley, se puso en funcionamiento una plataforma informática, implementada y administrada por la Contraloría General, en la cual las entidades públicas están llamadas a realizar el registro de la información y documentación de los contratos de consultoría suscritos a partir del 1 de enero de 2010.

Sin embargo, desde que se puso en vigencia la plataforma web en el último trimestre del año pasado, y a pesar de ser de obligatorio cumplimiento, el 55% de entidades que contrataron consultorías no ha cumplido con transparentar su información.

Ante lo expuesto, debemos incidir en que es responsabilidad de las entidades públicas registrar y transparentar la información sobre los términos de referencia de la contratación; la identificación de la persona natural o jurídica a la que se contrata; el contrato y las adendas que tuviera; las conformidades y la identificación del funcionario responsable; los pagos realizados; los entregables o productos realizados, entre otros.

La ley no pide permiso; las leyes están hechas para cumplirse por todos, más aún por quienes gestionamos y somos autoridad pública. Es nuestro deber dar el ejemplo; lo contrario solo demuestra incapacidad o que queremos mantener oculto un hecho irregular y, en este caso, lo irregular es de todas maneras corrupción.

La ciudadanía reclama obras, bienes y servicios para su bienestar y el de sus familias, pero, sobre todo, reclama transparencia, capacidad e idoneidad. Pagar por un servicio que no se realizará o que no trae ningún beneficio real y concreto es defraudar la confianza ciudadana y seguir hundiendo en la pobreza al país.