[OPINIÓN] Nelson Shack: “Errores que son horrores”

¿Se pudo evitar la muerte de 432 personas producto de la epidemia del dengue? Sí. Pudimos evitar la pérdida de tantos compatriotas contando con la capacidad suficiente para la toma de decisiones oportunas. No obstante, tenemos al menos cuatro hospitales pendientes, cuyas construcciones con fondos de la Reconstrucción con Cambios están paralizadas en Piura; o el elefante blanco que es el hospital José Olavarría de Tumbes, construido desde el año 2010 con casi 127 millones de soles y que, debido a problemas técnicos, oportunamente alertados e incluso auditados por la Contraloría General, aún no está operativo.

Como estos, existe otra larga lista de hospitales estratégicos en otras regiones del país como el de Andahuaylas en Apurímac o el hospital Antonio Lorena en Cusco que aún no acaban tras años de paralizaciones, o el hospital Santa Rosa de Madre de Dios, que sigue en promesa desde hace años con expedientes técnicos observados; o los hospitales de Arequipa, algunos de ellos paralizados desde 2016. Es decir, errores que, al no haberse corregido a tiempo, se volvieron horrores y vergüenza mayor.

Lo expuesto nos debe hacer reflexionar sobre la deficiente capacidad de respuesta del Estado en sus tres niveles de gobierno: sistemas de control interno que no funcionan y servidores públicos poco idóneos para gestionar y tomar decisiones que, a pesar de las alertas de la Contraloría General, emitidas mediante nuestras intervenciones de control simultáneo, para que los errores detectados en obras, bienes y servicios se corrijan a tiempo, no lo hacen, lo que deja que los errores se conviertan en horrores irreparables, como la pérdida de una vida.

Solo en 2022, en los 27,587 servicios de control simultáneo realizados a las obras, y a las contrataciones de bienes y servicios a nivel nacional, detectamos 42,553 riesgos o situaciones adversas que fueron comunicados oportunamente a los gestores públicos y, de ellos, más de la mitad no han sido corregidos. Entonces, nos debemos preguntar cuántos horrores tenemos a cuestas producto de los errores.

Pues bien, lo expuesto nos revela cómo la negligencia y la corrupción dejan a la población totalmente vulnerable a dengues y Yakus, sin hospitales, agua potable, limpieza pública, bienes y servicios que fueron programados y comprometidos por parte del Estado.

De acuerdo a nuestro “Análisis del Nivel de Corrección de las Situaciones Adversas, Derivadas de los Servicios de Control Simultáneo”, las entidades que tienen un bajo desempeño corrigiendo lo advertido por la Contraloría son aquellas que tienen un bajo nivel de implementación de la gestión de riesgos, es decir, débiles sistemas de control interno e indicadores de transparencia, así como un mayor número de funcionarios y servidores involucrados en hechos irregulares de corrupción e inconducta funcional.

Estamos próximos a sufrir uno de los peores embates de la naturaleza de las últimas décadas, aún peor que el Yaku 2023, con epidemias tal vez más graves que el dengue de este año. Las alertas del fenómeno de El Niño Global han venido de todos lados, para todos los países de nuestro continente, y debemos estar preparados.

La Contraloría General supervisa, mediante el control gubernamental, el uso eficaz y transparente de los recursos públicos. En esa línea impulsa su rol preventivo, comunicando con oportunidad situaciones de riesgos a los titulares y gestores públicos —sea en la administración de los servicios como en la ejecución de obras públicas— para que sean corregidas a tiempo, pero también revelará y hará énfasis en la pronta sanción de quienes, por actos de corrupción e inconducta funcional, como la negligencia comprobada como resultado de nuestras intervenciones de control posterior, ocasionen la pérdida de vidas humanas y el perjuicio al Estado en un contexto como el que enfrentaremos todos.

Que un error no corregido termine convirtiéndose en un horror no es admisible. Las autoridades están llamadas a asumir la función para la que fueron elegidas. Eso significa la noble labor de proteger las vidas humanas y el patrimonio nacional, en estricto cumplimiento de las normas que resguardan el uso correcto de los recursos públicos.