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[OPINIÓN] Nelson Shack: “Paz, justicia e instituciones sólidas”

"El no comprometer las acciones y fiscalizar su cumplimiento puede conducir a la exclusión y la discriminación en el disfrute de los bienes y servicios públicos, particularmente de las poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”.

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Desde el año 2015, existe el compromiso de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cumplir los objetivos de la Agenda 2030, bajo los principios de universalidad, inclusividad, indivisibilidad y sin dejar a nadie atrás.
Todo esto se ha plasmado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas a alcanzar hasta el año 2030 y con 231 indicadores que permitan seguir y evaluar su cumplimiento.
Desde la Contraloría General de la República, como ente rector del sistema de control gubernamental en el Perú, corresponde evaluar sistemáticamente los niveles de cumplimiento de dichos objetivos en nuestro país, para así contribuir a la adopción de medidas preventivas y correctivas sobre las políticas públicas impulsadas.
Esto podría traducirse concretamente en un servicio de control que “audite” el desempeño contenido en el informe voluntario que anualmente el Estado peruano presenta a la ONU sobre los avances en el cumplimiento de los ODS.
Un ODS que adquiere especial relevancia es el ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas, ya que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
El no comprometer las acciones y fiscalizar su cumplimiento puede conducir a la exclusión y la discriminación en el disfrute de los bienes y servicios públicos, particularmente de las poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Por eso, si bien es cierto que una característica general de los ODS es su indivisibilidad e interconexión, el ODS 16 tiene una dimensión especialmente transversal e integral, cuyas metas comprometen la proactiva mirada e intervención de las entidades de fiscalización superior.
El ODS 16 desarrolla 12 metas. Dos de ellas están ligadas a cómo reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas o crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, convoca, por tanto, un serio y sostenido trabajo desde el gestor hasta el fiscalizador, pero también de la sociedad en su conjunto.
En ambos casos, la información pública y los datos administrativos sistemáticamente disponibles deberían permitir crear indicadores más precisos respecto de lo que se quiere medir.
El uso de encuestas de hogares y empresas debería complementarse con estrategias de medición basadas no solo en percepción y experiencia, sino en observación a partir de “datos duros” con evidencia suficiente y apropiada.
La Contraloría General ha creado un método sistemático a partir del trabajo de las auditorías que el Sistema Nacional de Control en el Perú genera.
Este permite calcular anualmente el tamaño de la pérdida patrimonial presupuestaria por corrupción e inconducta funcional; es más, recientemente hemos creado un Observatorio con un Índice de Corrupción con enfoque territorial e institucional que permite medir y ordenar a 2,815 entidades públicas que explican el 95% del gasto público en el Perú.
También se podría hacer algo similar sobre la base de los casos de sobornos en todas sus modalidades a partir de la información administrativa que genera el sistema de defensa jurídica del Estado.
La información administrativa sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales, tanto a nivel estratégico como operacional, y otros datos cruciales podrían enriquecer sustancialmente estos procesos de medición, para evaluar con efectividad el verdadero nivel cumplimiento de estas metas y su contribución efectiva al logro del ODS 16.
Necesitamos fortalecer la institucionalidad pública en materia de seguimiento, evaluación y control de la Agenda 2030.  Esta es una tarea de todos para beneficio de todos los peruanos.
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