[OPINIÓN] Nelson Shack: “Prevención para reducir desastres y salvar vidas: parte II”

Las lamentables y dolorosas consecuencias de fenómenos naturales, como el ciclón Yaku, el fenómeno de El Niño, las heladas y friajes, entre otros, episodios eruptivos de baja y moderada magnitud como el ocurrido recientemente en el volcán Ubinas, nos hacen recordar la vulnerabilidad a la que millones de peruanas y peruanos estamos expuestos.

Los recientes fenómenos naturales generaron cuantiosos daños en distintas regiones del país y muchos se preguntarán si estamos realmente preparados para afrontar un Niño Global, un sismo de gran magnitud u otra emergencia similar.

La respuesta es un rotundo NO. La evidencia está en los resultados de un operativo nacional realizado por la Contraloría General entre junio y agosto de este año para verificar si las entidades públicas de los tres niveles de gobierno implementan y operan, oportuna y adecuadamente, los procesos de la gestión del riesgo de desastres ante los fenómenos naturales climatológicos presentes este 2023.

El diccionario de la Real Academia Española define a la prevención como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, y ese es el fin que persiguen dispositivos legales, transferencias de fondos públicos, flexibilidad en las normas de contrataciones y del propio presupuesto público para prevenir y operar ante una emergencia.

El operativo —que comprende una muestra importante de entidades públicas— nos reveló que estamos en una preocupante situación de vulnerabilidad. Y no se trata de percepción, sino de una clara y rotunda realidad: el 72% de las entidades públicas analizadas de los tres niveles de gobierno -nacional, regional y local- no cuenta con planes específicos aprobados y actualizados para la prevención, preparación y respuesta ante cualquier desastre y, por ende, no tiene claro qué es lo que tiene que hacer para proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado.

Han pasado casi dos meses desde que la Organización Meteorológica Mundial dio el inicio oficial al fenómeno de El Niño Global y, a pesar de ello, las autoridades y los gestores públicos no terminan de impulsar planes que les permitan identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, así como trabajar en la preparación de medidas ante situaciones de desastre.

Precisamente, la prevención de riesgos y preparación para enfrentar emergencias tiene como respaldo la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú. Sin embargo, además de haberse evidenciado la enorme carencia de Planes de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, un 84% de esas entidades tampoco cuenta con los Planes de Preparación para la respuesta y rehabilitación en casos de emergencia.

El operativo también nos permitió conocer que el 80% de entidades no tiene listo su Plan de Operaciones de Emergencia y así, entonces, será muy difícil tomar acciones para responder ante situaciones de peligro inminente. A esto se suma que las medidas para mantener ininterrumpidas las actividades críticas de las entidades públicas y la provisión de servicios a la población también podrían estar expuestas, ya que un 91% de las entidades no dispone de su Plan de Continuidad Operativa.

No permitamos que llamar la atención sobre estos temas deje de resonar e inquietar a todos los funcionarios con responsabilidad de hacer. No hay excusa para la inacción ni la desidia. Lo que revelan los datos no tiene nunca un afán de alarma, sino que expresan la legítima preocupación por la prioridad que deben tener en la discusión pública los temas que tienen que ver con la vida, la seguridad y el bienestar de los más vulnerables ante la amenaza de ciertos fenómenos naturales que causan daños. No estamos preparados y, más bien, estamos indefensos, no solo ante la corrupción, la inseguridad ciudadana, sino también ante fenómenos y emergencias naturales.

Confiemos en que los resultados de este operativo, que por cierto también han sido compartidos con cada entidad intervenida, generen en sus autoridades y gestores públicos la preocupación y activación de los planes para mitigar y enfrentar eficazmente todo aquello que pudiera afectar nuestro bienestar como peruanas y peruanos. El país no puede seguir indefenso.