La presidenta Dina Boluarte honra lo que afirmó cuando, con la boca encogida, señaló hace un tiempo: no escuchará las críticas (“a palabras necias, oídos sordos” fue otra de esas sibilinas frasecitas suyas con que contestó a quienes le pedían que explicara determinadas decisiones de gobierno).
Y es exactamente lo que está sucediendo con Petroperú. Queda claro que hace oídos sordos a lo que plantean los especialistas en el rubro.
La mandataria se empecina en alargar la agonía de la petrolera a costa del erario, en buena cuenta, el bolsillo de los contribuyentes. No otra cosa significa pretender designar como presidente de la empresa a Alejandro Narváez, un político de izquierda que fue número uno de la lista parlamentaria de Verónika Mendoza en las últimas elecciones generales.
Los cuestionamientos a la insistencia presidencial para colocar a este personaje provienen de los propios técnicos del directorio, de los expertos y hasta de los gremios empresariales. Ayer, por ejemplo, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, ha dicho que este posible nombramiento es una “pésima noticia” para el país.
Y cómo no, si el Gobierno acaba de aprobar hace unos días un nuevo y millonario rescate de la estatal. ¿A dónde irán los más de 2,000 millones de dólares que se han anunciado? No cuesta adivinarlo. Otro desembolso inútil que será rápidamente succionado por el presupuesto, plagado de gollerías y despropósitos, de la planilla de Petroperú.
Narváez, por su parte, le ha echado la culpa de la debacle al último directorio de la empresa. Según sus propias palabras, Oliver Stark empeoró la situación al aumentar las pérdidas de la petrolera. Ha dicho, además, en una entrevista, que la situación actual de la petrolera obedece a la coyuntura de recesión, tanto como al impacto del COVID-19. Se refirió incluso al plan de reestructuración de la consultora Arthur D. Little, manifestando que sus conclusiones eran equivocadas.
Lo que hará una nueva administración encabezada por tan ideologizado personaje es más que obvio: mantener el statu quo en la empresa, algo a lo que el renunciante directorio se resistía rotundamente. Es decir, su designación significará decir adiós a la reestructuración y a cualquier gestor privado, como ha recomendado hasta el más tibio de los analistas. Las gollerías a ejecutivos y trabajadores, las concesiones al sindicato se extenderán y, como diría César Vallejo, la empresa, ay, seguirá muriendo.
Pero a costa del dinero de todos los peruanos.
