Una vez más, Petroperú está en las noticias por las razones equivocadas. Después de años de problemas financieros y operativos, el Gobierno ha decidido capitalizar a la compañía con US$750 millones y extinguir la obligación de pago de este monto. Es decir, se condona la deuda y el Estado, como accionista, se hace cargo de esta. En la práctica, entre este apoyo financiero y otros compromisos asumidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, la suma capitalizada asciende a US$2,180 millones.
Básicamente, se perdona una deuda gigantesca y se inyecta más dinero, de los peruanos, sin ninguna garantía real de mejora. Todo esto, por supuesto, con dinero que debería servir para construir colegios, hospitales, carreteras, comisarías entre otra infraestructura en beneficio de la población. Inclusive para apagar otros incendios que tanto daño hacen.
Lo peor es que este no es un caso aislado. Corpac, las empresas eléctricas regionales y las de saneamiento tienen el mismo problema. Todas prestan servicios públicos esenciales, pero funcionan arrastrando problemas de malas gestiones que vienen desde hace años. ¿El común denominador? Están en manos de políticos, no de técnicos.
En el sector privado, la cosa es distinta. Si una empresa toma malas decisiones, lo paga caro. Los empresarios y emprendedores invertimos nuestro dinero y, por eso, cada sol cuenta porque cuesta. La eficiencia es una obligación. Pero en el sector público, las decisiones están más relacionadas con intereses políticos que con la necesidad de hacer las cosas bien en beneficio de los usuarios. Como el dinero no es suyo, esa falta de consecuencias directas permite que los errores sigan ocurriendo.
Lo que vemos es el resultado de una gestión pública sin criterios técnicos. No se invierte adecuadamente en infraestructura, personal capacitado o tecnología, y al final, quienes pagan el precio de estos errores somos todos los ciudadanos. Los servicios que recibimos son paupérrimos.
Es hora de tomar decisiones serias. Las empresas públicas deben manejarse con la misma rigurosidad que cualquier empresa privada. No se juega con el dinero de todos los peruanos, y si quieren jugar que lo hagan con la suya, vamos a ver cuánto les dura. Si no se puede hacer eso, entonces quizás debemos preguntarnos si es necesario que sigan bajo control estatal.
