[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Agrandando fractura y factura”

En situaciones tan críticas y polarizadas, hay que preguntarse –en ese orden– ¿qué nos une y qué nos diferencia? Me parece un error que políticos critiquen que el comunicado empieza hablando del enfrentamiento de poderes en vez de interpretar el contenido en su conjunto. Con los niveles de desaprobación del Congreso, su participación en la aprobación de leyes extremadamente cuestionables, la falta de sanción a conductas inaceptables, etc., la capacidad de congresistas de pechar a la Comisión Episcopal es microscópica. Quienes asesoramos temas de comunicación sabemos que a veces el mensajero es el mensaje, o, al menos, influye muchísimo en su credibilidad. Obispo gana a político, punto. Con esa regla puedo estar en desacuerdo. De hecho, lo estoy en el caso del matrimonio homosexual, pero eso no impide que reconozca que la regla se aplica. Es como Pokemón.

Toda crisis compleja obliga a tener muy claras las preguntas más relevantes. La lluvia de opiniones que pueden tener todos los involucrados sirve de poco si no se tiene claro lo anterior.

Como es obvio, aquí es ¿conviene que la Iglesia católica se involucre en la salida a una crisis política como la actual, que no tiene precedentes ni salida constitucional viable clara y donde aparentemente la vocación de renuncia está más escasa que la leche y el arroz en las colas del primer gobierno aprista? Desde lo más profundo de mi agnosticismo, rotundamente sí. El Perú no tiene instituciones creíbles en el país, la Iglesia tiene un compromiso con el bien común y la lucha anticorrupción, y atravesamos una crisis moral, no solo política, que requiere esperanza y trabajo sostenido.

Otra pregunta relevante es ¿en cuántos años se arregla esta crisis y cómo? Mínimo 10, si es que no más. El primer paso es salir del caos corrupto actual, pero requiere reforma política, del Estado, la descentralización, enfrentarse a los sectores ilegales que el gobierno ha avalado (microbuseros, cocaleros, mineros ilegales, constructoras que viven de la corrupción de municipios y gobiernos regionales, etc.), generar empleo competitivo tecnológicamente, etc.

En su encrucijada judicial, el presidente Castillo tiene todos los incentivos para fracturar más al país, encareciendo la factura de arreglar los platos rotos. Lo ha venido haciendo esta semana, con los mineros informales. Y no es solo Castillo; quien lideró antes ese frente fue Bellido, y el de los cocaleros, Bermejo. Si queremos un Estado de derecho sensato, tenemos que hacer frente al “enchichamiento vale todo” que prima en buena parte del país. Que la Comisión Episcopal diga, con todas sus letras, que la libertad económica es necesaria y está siendo asfixiada por cupos y sobornos, lo que genera subempleo, informalidad y desempleo, es inédito y fundamental para impulsar consensos duraderos. La polarización de las elecciones pasadas, por más razones que hayan parecido válidas en su momento, ya fue. Hay demasiado en juego y se debe sumar.