Una preocupante ‘votación exprés’

El proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados ya está en la Comisión Permanente. La Junta de Portavoces acordó exonerarla de ser debatida en la Comisión de Transporte y Comunicaciones, donde debían analizarla expertos que brindasen a los congresistas mejores elementos de juicio para discutir su viabilidad. Pese a los distintos cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la propuesta, existe el peligro de que si reúne los votos suficientes, podría convertirse, tal como está, en ley.

Para empezar, es preocupante la celeridad con la que se ha alcanzado este acuerdo. El Consejo de la Prensa Peruana, en rechazo, lo ha tildado como una “votación exprés”. Y, tal como lo recogimos en una anterior oportunidad, coinciden en que esto podría ser un supuesto de censura indirecta. Es decir, un mecanismo que, como indica la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, esconde, a través de un aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, una censura difícil de detectar.

Bajo esta lógica, parece “atractivo” ahorrar dinero destinado a la publicidad estatal para priorizarlo en otras iniciativas. En la práctica, sin embargo, esto se usa para presionar y sancionar a los medios y condicionar así sus líneas editoriales. No solo vulnera la libertad de expresión de periodistas, sino afecta a la ciudadanía en el acceso a información pública relevante. La publicidad estatal no solo promociona políticas de Estado sino comunica sus avances (recuérdese el rol que tuvo ante los desastres naturales en el norte del país) y, bajo la propuesta de Mulder, solo podrían acceder a esta quienes tienen acceso a Internet (ya que sugiere que solo sea canalizada vía redes sociales). Por eso, resulta también discriminatoria.

Existe ya la Ley 28874 que regula la publicidad estatal. Si no ha cumplido con racionalizar los recursos en la contratación de estos servicios, la solución no es prohibirla de manera absoluta. Eso es populismo y facilismo que exime a congresistas de evaluar una fórmula más rigurosa (mejorarla o reglamentar la norma). Las opiniones de especialistas, de las que ahora prescindirán, pretendían ayudar en esa dirección. La Comisión Permanente debe evaluar con detenimiento la propuesta y no dejarse llevar por lo barato, que eso siempre sale caro.