El sarcasmo popular pasó de llamar “gobierno Rolex” a “gobierno Petroperú” a la gestión actual y todo esto lo genera la propia presidenta Dina Boluarte. Del caso Rolex no nos ocuparemos porque ya está bajo investigación del Ministerio Público. Respecto de Petroperú, basta con remitirse al comunicado del pasado martes dando cuenta de la renuncia de su directorio, en buen romance por no haber tomado el Ejecutivo una decisión sobre la situación caótica de la empresa estatal, de la que venían informando.
La renuncia del directorio en pleno es entendible para cualquier servidor que se precie, a quien no puede atársele en el cargo en la dirección de una entidad que estaría prácticamente en la insolvencia por falta de liquidez. ¿Es esta la administración de las indecisiones? ¿De las versiones disímiles de sus voceros?
La situación neurálgica de Petroperú para cualquiera de sus funcionarios acarrea responsabilidades de carácter administrativo y penal; sobre esto último, llegado el momento los fiscales preguntan si hubo negligencia o dolo en la gestión pública, si se tuvo conocimiento o si se estaba en la posición de haber tenido conocimiento y, de ser así, qué acciones se tomaron para revertir o salvar la situación de riesgo. Dada la inacción del Ejecutivo, solo quedaba la renuncia al cargo.
La reacción de la mandataria frente a esta renuncia no fue idónea; decir: “Necesitamos funcionarios que amen a la patria”, es injusto para cualquier ciudadano que aceptando trabajar por su país, debe dejar atrás sus intereses profesionales particulares, arrastrando con él a sus parientes en grado de consanguinidad y afinidad, pasando a enrolar la lista PEP (persona expuesta políticamente) ante la UIF, quedando bajo la lupa sus actividades comerciales y financieras durante el ejercicio del cargo y hasta después de cinco años. Prácticamente, pasan a ser los sospechosos de siempre, si es que no son perseguidos política, administrativa y penalmente ad infinitum.
Presidenta Boluarte, usted conoce por experiencia propia que el ejercicio de un cargo en la administración pública, máxime el de la alta magistratura, implica, a cada momento, tomar decisiones en el marco del Principio de Oportunidad, aquello es parte de la gobernanza: dirigir, presidir, resolver problemas o prevenir que sucedan, y nadie lo puede hacer por usted. Es la jefa de Estado y de Gobierno, la que prioriza la agenda nacional y el presupuesto. Un mandatario asume el activo y el pasivo del país y le corresponde gobernar, no ponerse de costado, ni correrle el problema a la gestión siguiente. Es ahora que se le requiere, el tomar acción, es para ayer.
