La prisión preventiva como fracaso de la justicia

Al igual que otros peruanos, yo no le creo a Jaime Yoshiyama. Me resulta bastante conveniente y sospechoso que recién ahora Yoshiyama haya “revelado” que recibió dinero de un empresario millonario y que lo “pitufeó” para que no se descubra a quién pertenecían los fondos. Bastante más convincente me resulta la tesis de José Domingo Pérez, quien, en base a las declaraciones de Jorge Barata, asegura que un grupo de miembros de Fuerza Popular recibió dinero de Odebrecht y lo distribuyó entre distintos aportantes falsos.

A pesar de ello, no me agrada la decisión de enviar durante 36 meses a Keiko Fujimori a prisión preventiva. Y no precisamente porque crea que Keiko Fujimori sea una perseguida política como alegan los fujimoristas. Lo que me desagrada es que en el Perú tengamos una justicia tan deficiente que una persona puede pasar tres años privada de su libertad de manera “preventiva”. Aún con mi rechazo frontal al fujimorismo y su autoritarismo populista, no puedo dejar de pensar que es inaceptable, desde el punto de vista de la presunción de inocencia, que se pueda encerrar durante tres años a una persona sin que sea declarada culpable.

Lo más grave del asunto es que tres años no es ni siquiera el plazo más amplio contemplado para la prisión preventiva. Gracias a un decreto impulsado por el entonces ministro Carlos Basombrío, hoy una persona puede estar legalmente en prisión preventiva durante cuatro años. Cuatro años lejos de su familia, en un ambiente donde proliferan enfermedades contagiosas y donde quienes mandan suelen ser otros criminales. Cuatro años, en fin, recluidos en prisiones con más del 100% de sobrepoblación y pudiendo ser inocentes.

La situación es tan grave que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de manera crítica contra nuestro país. Sobre el decreto que extendió el plazo máximo de duración de la prisión preventiva a cuatro años, la CIDH dijo que resultaba contrario a la racionalización del uso de la prisión preventiva “de conformidad con estándares internacionales en la materia”.

Aunque a veces la prisión preventiva es necesaria, en nuestro país se ha convertido en una suerte de sustituto de la eficiencia de la que carece nuestro sistema de justicia. Como el Ministerio Público y el Poder Judicial demoran un tiempo excesivo en resolver casos, se ha optado por enviar por tiempos prolongados a personas a prisión sin que haya una sentencia que los condene. Eso, sin embargo, no es justicia. Todo lo contrario, es una renuncia a la aplicación oportuna de la ley y una afectación de las garantías procesales.

Lo que nuestro país necesita no son más personas encerradas por tres o cuatro años cuando aún son legalmente inocentes. Lo que necesita es que dejemos de contentarnos con la prisión preventiva y exijamos un Ministerio Público y un Poder Judicial que sancionen a tiempo a los delincuentes. Que exijamos reformas profundas al gobierno y al Congreso. Los delincuentes deben ser condenados y algunos sospechosos privados preventivamente de su libertad, pero la prisión preventiva no puede ser usada como parche para el problema de fondo: un sistema de justicia que no es efectivo a la hora de condenar o absolver a las personas.