Prohibido callar

Las máximas autoridades del país no pueden eludir sus responsabilidades políticas en ningún momento. Mucho menos en escenarios públicos y cuando se les requiere para alguna expresión o comentario ante un crimen tan horrendo como el que acababa de producirse en el distrito de El Agustino, en vísperas de la Navidad.

Según lo expresado ayer por el premier Vicente Zeballos y a pesar de las fuertes críticas públicas del presidente Martín Vizcarra, la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, ha sido ratificada en ese despacho precisamente en el día que se registra la víctima de feminicidio número 164, a pocos días de que acabe 2019. Revilla se equivocó rotundamente al reaccionar –fue, sin duda, una reacción instintiva, casi de defensa– de una manera indolente ante el justificado asedio de la prensa; parecía que no atinaba a comprender que más que la persona, debía responder la ministra, cuya investidura, repetimos, la obliga a atender y dar luces sobre situaciones que por lo penosas dejan impactada a la población, que no lograba salir de su estupor por el hecho en sí y por la indiferencia de unos policías.

En la víspera de la Nochebuena se nos recordó de manera tan trágica el grave deterioro de la seguridad ciudadana, el galopante aumento de la violencia familiar y callejera en el país, que tiene, desde luego, como víctima predilecta, a las mujeres. La indefensión ante los feminicidios, consumados o intentados, como tantas veces hemos insistido en este espacio y que ayer tuvo nuevos casos, alcanza tal magnitud –hace semanas superó la cifra del año pasado– que no resulta para nada descabellado pensar que el Perú es un territorio hostil con las mujeres, cuya creciente vulnerabilidad parece estar sólidamente arraigada en nuestra cultura, en la falta de educación y civismo, así como en la condición de inferioridad y sumisión absoluta que le atribuyen y alientan ciertas versiones medievales de cultos religiosos, restauradores y similares.

La ignorancia y el extremismo se combaten con educación, qué duda cabe, ese es el tramo de la prevención, en colegios públicos y privados; a la Policía Nacional, por su parte, se le exige la defensa inmediata de cualquier atentado contra la vida. Pero nada de ello exime a la justicia, señora ministra, que, por boca de sus autoridades, debe ofrecer seguridad a la población, aunque sea con una promesa tranquilizadora ante cámaras y micrófonos: callar es lo que menos correspondía en tales momentos. Es que ante la violencia contra la mujer, ante un feminicidio y la matanza de unos niños no se puede callar.