Prohibir por prohibir

Estas son semanas ideales para que, a grito de gol, quienes manejan los hilos del poder contrabandeen intereses ocultos e impongan medidas insensatas. No es paranoia decirlo: la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados se aprobó a empujones el mismo día de la inauguración del Mundial.

No hay evidencia de que una medida así traiga beneficio real a los peruanos. Solo se ve el impulso de una mayoría parlamentaria que ha encontrado en un sector de la prensa fiscalización incómoda. También el oportunismo calculado de un viejo zorro como el congresista Mulder, alimentado por el revanchismo keikista que sigue creyendo que perdió las elecciones por culpa de otros y no por la actitud matonesca que han corroborado en el último año.

Nuevamente se desaprovechó la oportunidad de tener un debate crucial. Es cierto que cuando buena parte del presupuesto en publicidad se gasta mediante adjudicaciones directas y sin concurso, se genera un mecanismo perverso para “premiar” o “castigar” a una línea editorial con recursos del Estado. Aun así, la prohibición es irracional. Es indiscutible que las redes sociales y los medios estatales no son suficientes para mantener informada a la población. Pero en lugar de discutir medidas de transparencia o fiscalización, o de plantear nuevos parámetros para la concesión que hace el Estado a los canales de radio o televisión, el Congreso prefirió el ataque.

Los rencores de unos y las disputas de poder nuevamente nos arrastran a todos, afectando nuestro derecho a recibir información sobre políticas, programas y servicios públicos. Precisamente por eso, el TC debería declarar la inconstitucionalidad de esta norma y confirmar que este fue un nuevo episodio de tiempo y energía perdidos.