Qué tal K

El viernes, Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors y conspicuo operador de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, confirmó que “la señora K… la de la fuerza número uno” es Keiko Fujimori.

En declaraciones a la Fiscalía especializada en el caso Lava Jato, Camayo confirmó también que fue él mismo quien le puso tan ingenioso sobrenombre a la lideresa de Fuerza Popular; afirmando que lo hizo cuando César Hinostroza, acusado de ser el capo de capos de la organización criminal integrada por jueces y fiscales corruptos, le pidió que le refiriera telefónicamente: “Así, en forma genérica” (como para no dejarles pistas a los que los estaban grabando) quién era la señora que quería “juntarse unos minutitos” con él.

El diálogo que sostiene la confesión de Camayo, en el que él, según ha admitido, se refiere a Keiko Fujimori como la ‘Señora K’, fue grabado de manera legal y autorizada el 8 de marzo de 2018 por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviac, que en ese momento investigaba los poderosos nexos que les permitían a los narcotraficantes del Callao sacarle la vuelta a la justicia.

Queda claro, entonces, un año y medio después de conocerse el audio entre Hinostroza y Camayo sobre la ‘Señora K’, que Keiko Fujimori, siendo la lideresa de Fuerza Popular, recurrió a una mafia de jueces y fiscales que cobraba por acusar, fallar o sentenciar según el postor.

Que lo hizo utilizando al operador de esa mafia, acogido ahora a la colaboración eficaz. Y que lo negó cien veces, sin que se le moviera un solo músculo de la cara, incluso en un mensaje televisado que grabó en una de sus redes sociales.

Sus defensores dirán que se trata, simplemente, de una audiencia, oscura y clandestina, con el cabecilla de una mafia que en ese momento fungía de vocal de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Pero se equivocan, porque se trata de una política investigada por lavado de dinero, recurriendo al magistrado corrupto investigado por vender servicios de exoneración, y ahora todo está documentado.

El 8 de marzo de 2018, Keiko le solicitó a Camayo –el operador de Los Cuellos Blancos– que le facilitara su casa para reunirse “unos minutitos” con César Hinostroza. La confirmación de tal solicitud está en el audio por todos escuchado, confirmado antes de ayer por Antonio Camayo.

Un mes después, en abril de 2018, Keiko Fujimori y Mark Vito presentaron ante la Corte Suprema un recurso de casación por el llamado caso cocteles. Su objetivo era que la Corte Suprema le pusiera fin al plazo que tenía el fiscal José Domingo Pérez para realizar las investigaciones de ese caso. El recurso ingresó en ese mismo mes a la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que presidía, adivine, César Hinostroza. Y dos meses después, en junio de 2018, la Sala que presidía Hinostroza admitió a trámite el recurso que Keiko y su marido habían presentado. Nunca tan clara tanta agua turbia.

En estos días, la Fiscalía tendrá que abrirle a Keiko Fujimori otro proceso, pero esta vez por el delito de tráfico de influencias. Se ha confirmado que ella, siendo una poderosa dirigente política, optó por asociarse con la corrupción y negoció, estando investigada, con el presidente de la Sala de Casaciones donde debía verse su propio caso.

Fujimori dejó la prisión preventiva por obra y gracia del Tribunal Constitucional con el mínimo margen a su favor; solo cuatro de los siete tribunos votaron por su liberación. Ahora, la Fiscalía especializada en el caso Lava Jato tendrá que solicitarle al Poder Judicial nuevamente prisión preventiva para esta investigada. Está hundida hasta el cuello blanco. Y es evidente que, en libertad, hará lo imposible para bloquear e interrumpir la acción de la justicia.