¿Quién controla al Estado?

En términos generales, los sistemas de control del Estado no funcionan. Los Órganos de Control Institucional (OCI) –que existen en casi todas las instituciones públicas– no controlan la corrupción.

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) tampoco funciona como debería. Los expedientes técnicos; las especificaciones de los bienes y servicios; los términos de referencia y bases de concursos públicos; los concursos en sí; y hasta los otorgamientos de las buenas pro y suscripción de contratos… todo está “direccionado” para favorecer a postores indebidos. ¡Oh, diosa coima, cuánto daño nos has causado a los peruanos!

En muchos casos, el OSCE se presta para ello. Sus normas y procedimientos favorecen a proveedores y contratistas poco idóneos. Los empresarios corruptos se aprovechan de ello. Se ponen de acuerdo –entre sí– para repartirse las obras. De ahí el nombre de ‘Club de los Constructores’.

Incluso cuando hay transparencia e integridad en los procesos, igual se presentan… pero para trabarlo todo. “Si no hay para mí… no hay para nadie”. Así actúan y razonan esos miserables. El país y la población les importamos un bledo. Todo lo observan a última hora. Y lo peor es que el OSCE les da cabida. Luego, el OSCE se toma –también– los máximos plazos para emitir sus opiniones, todo lo cual dilata los procesos hasta las calendas griegas. El fracaso del Plan de la Reconstrucción con Cambios es una expresión –la más clamorosa… eso sí– de la inoperancia de los procesos de compras y contrataciones del Estado.

¿Qué hacer? En mi opinión, hay que centralizar y digitalizar todos los procesos de compras y contrataciones del Estado. Nadie –en el Estado– debería poder comprar ni contratar nada. Excepto… la Central de Compras y Contrataciones en mención. ¡100% digital! ¡Cero coimas!

Además, hay que empoderar a la ciudadanía. La ciudadanía empoderada –en alianza con la prensa responsable– debe fungir de órgano de control del Estado. La ciudadanía debe vigilar más de cerca y exigir probidad e idoneidad a todas las instituciones del Estado. Pero con mucho más rigor que el que existe actualmente.

¡Protestar –con firmeza y altavoz– cuando seamos maltratados por servidores públicos! Ministerios, gobiernos regionales y locales, Fuerzas Armadas y Policiales, Congreso de la República y Poder Judicial… todas las instituciones del Estado deben estar mejor vigiladas desde la ciudadanía empoderada.

La idea es mejorar el bienestar de la población. ¡Nada más!