En los próximos días el Gobierno deberá responder al reclamo del directorio de Petroperú que renunciaría si no toma decisiones sobre el futuro de la empresa. Le presentó tres opciones: básicamente seguir como ahora, liquidar la empresa o reestructurarla profundamente bajo gestión privada. Recomienda la tercera opción que implica nuevos aportes de fondos o refinanciamientos y garantías por más de US$2 mil millones, la aprobación de un nuevo marco legal que facilite la reestructuración, y la contratación del administrador privado.
Desde hace meses el directorio le pide al Gobierno que decida sobre el futuro de la empresa, sin recibir respuesta. Mantener el statu quo es insostenible, pero podría ser el camino elegido por el Gobierno de confirmarse los rumores de que optaría por reemplazar al directorio por personas vinculadas a administraciones anteriores y a los sindicatos, que obviamente se inclinan por el statu quo con apoyo estatal ilimitado. Estaría haciendo caso omiso a la alerta de su directorio de que la gestión de la empresa no puede continuar como hasta ahora. Desconocemos la posición de los ministros Arista y Mucho.
La semana pasada la expectativa de la mayoría de analistas era que el Gobierno se inclinaría por la reestructuración profunda con un administrador privado (PMO), lo que ahora parece incierto. Ellos estaban en contra de que Petroperú ingrese a un proceso concursal argumentando que si el Gobierno la declarara en insolvencia tendría que pagar la deuda de US$8,000 millones (como si no la tuviera que pagar si la reestructura), gatillando una reducción de la calificación de riesgo del país. La indecisión del Gobierno es en sí preocupante, ya que cada día que pasa implica mayores pérdidas. Las empresas calificadoras analizarán con mucho cuidado la decisión que se tome y su posible impacto sobre la capacidad de pago del Gobierno, sin soslayar que la empresa continuará alimentando pérdidas y requiriendo apoyo estatal bajo las distintas opciones, más aún bajo una reestructuración fallida.
Sería bueno que el directorio nos ofrezca un análisis detallado de la situación financiera y operativa de la empresa explicando cómo una reestructuración profunda la haría viable y las razones por las cuales esta no podría implementarse sin una administración privada. También, debería de detallar lo que considera necesario hacer para que la empresa recupere su solvencia (aportes de capital, garantías, ventas de activos, reducción de personal, entre otros ajustes). No basta un comunicado. Por otro lado, el Gobierno debe explicar cómo si opta por devolver la empresa a las personas que contribuyeron a su debacle puede reducir las pérdidas y minimizar nuevos apoyos financieros. El propio directorio anticipó los riesgos que implica no hacer ajustes profundos. No es exagerado asumir que esta decisión deterioraría la calificación crediticia del país, acercándonos a la pérdida del grado de inversión e incrementando nuestros costos de financiamiento.
