Presidente: sería una negligencia imperdonable

Nadie en el Perú se sintió sorprendido con la difusión de los audios en los que se escucha a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura hablar como los paqueteros del barrio haciendo sus pases.

Las encuestas hace décadas nos vienen diciendo que, entre las instituciones públicas más desprestigiadas del país, las del sistema de justicia van primero. Y esta semana he vuelto a escuchar lo mismo que oía cuando era estudiante universitario: deberían botar a todos los que trabajan en el Poder Judicial para reemplazarlos por jóvenes abogados con ganas de cambiar el mundo. Y ese pedido radical nunca sonó tan sensato y urgente desde el domingo pasado.

Lo que está detrás del “que se vayan todos” es, en primer lugar, una desconfianza absoluta en el trabajo de jueces y fiscales. No se cree que exista entre ellos una fuerza sana capaz de reformar el sistema desde adentro. No conozco abogado que haya desmentido eso que sabemos todos, esto es, que en el Perú la justicia es una mercancía a favor de los que más tienen. Por eso, quienes pagan las desdichadas sentencias son los más pobres o los pobres tontos que insisten en hacer las cosas correctamente.

El Gobierno ha hecho bien en convocar a consejo de Estado, emplazar al –también desprestigiado– Congreso de la República y constituir, por fin, la Comisión de la Reforma del Sistema de Justicia, presidida por el intachable señor Allan Wagner. Haría mal Vizcarra en dejar pasar esta oportunidad tal como la dejó pasar su antecesor cuando pidió en vano a un grupo de notables que le sugirieran 100 medidas contra la corrupción. Ideas sobran, solo hay que ordenarlas con filo y practicidad. Presidente: el clamor es popular y ninguna medida contundente corre el riesgo de ser rechazada.

Para la ciudadanía, este penúltimo destape (seguramente viene más) se suma a los audios que se tumbaron a Pedro Pablo Kuczynski, así como a los audios relacionados a Odebrecht que vienen sacudiendo la reputación corporativa del mundo empresarial y a nuestra alicaída clase política. El vaso sigue rebalsándose. Esta es una gran oportunidad para el Gobierno y, más importante aún, para el país. Le toca, pues, presidente, atender una demanda nacional largamente postergada que contribuya a recuperar cierta esperanza en la gestión pública. Dejarla pasar sería una negligencia imperdonable.