El tema de hoy: ¿Hasta cuándo?

La imagen de Eyvi Ágreda Marchena caminando a duras penas tras el brutal ataque de un desquiciado que ha confesado con escalofriante sangre fría que “solo quería echarle (el combustible) a su rostro” golpea el alma de una sociedad que no encuentra hasta ahora una solución al problema de la violencia contra la mujer.

La visibilización del drama de las Eyvis, Arlettes, Ladys, Melissas de nuestro país no ha logrado quebrar la indiferencia de nuestras autoridades, que, con su participación en marchas o poniéndose la camiseta de #NiUnaMenos para las cámaras, creen saldar la deuda que tienen con miles de mujeres desprotegidas legalmente ante hombres abusivos que las lastiman a puñetazos y patadas, acosándolas, con insultos y ofensas disfrazadas de “piropos”.

Hace unos días fue la colega Melissa Peschiera quien vio con impotencia cómo el hombre que la asedia, que atenta contra su tranquilidad emocional y pone en riesgo su integridad física y la de su familia, era puesto de nuevo en las calles. El martes la víctima fue Eyvi Ágreda, a quien el monstruo Carlos Hualpa venía intimidando desde hace tiempo y finalmente la prendió en llamas.

Nunca lo denunció. ¿Para qué? ¿Qué podrían haber hecho las autoridades que ella no hubiera hecho ya? El acoso es una realidad, pero no está tipificado como delito en el Código Penal. Sin embargo, nadie legisla al respecto. Ni los congresistas, que apenas surge mediáticamente un nuevo caso, expresan su preocupación y condena por el incremento de los casos de feminicidio, ni el Ejecutivo que solo reacciona ante hechos consumados.
Cierto que el problema no se soluciona con medidas legales aisladas, pero sí ayudaría que las víctimas sepan que no están solas, que hay un Estado que las ampara y que defiende su derecho a vivir en libertad y no entre cuatro paredes y con miedo. Tal vez por eso Eyvi no denunció a Carlos Hualpa, y sus padres, personas humildes, tuvieron que viajar 15 horas para llegar de Jaén a Lima a reencontrarse con su hija tendida en una cama de hospital. Posiblemente sea también esa la razón por la que su hermana alerta sobre las argucias del victimario para librarse de una pena de 35 años de cárcel y sale a pedir ayuda de abogados privados... porque no confía en la justicia.
Y el Estado, ¿dónde está?