El tema de hoy:A la garrocha

A mediados de noviembre pasado, el congresista Mauricio Mulder presentó el proyecto de ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados bajo el supuesto de que con ello se optimizará el uso de los recursos públicos.

La polémica propuesta, que por sus alcances requiere de un estudio extenso, prolijo y con participación de todas las partes involucradas: Estado, medios de comunicación y sociedad civil (que se verá afectada en su acceso a la información), se ha saltado a la garrocha, con la bendición de los portavoces de diferentes tiendas políticas, el tamiz de la Comisión de Transportes y está en la agenda de la Comisión Permanente, que este miércoles 21 podría ver el tema. La decisión, entonces, recaerá en 30 parlamentarios, un grupo reducido si se toman en cuenta las implicancias del planteamiento sobre el cual ya han expresado inquietud instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que, a través de Edison Lanza, ha requerido información sobre el proyecto a la canciller Cayetana Aljovín.

El pedido de explicaciones ha sido respondido por Mulder a su estilo, tildando a Lanza, relator de la CIDH, de “burócrata uruguayo”. Menciona que esa solicitud, igual que la de la procuradora del Ministerio de Justicia, es una intimidación. “Yo me debo al pueblo peruano y a nadie más. No acepto amenazas del Gobierno ni intervenciones extranjeras”, ha sido su altisonante réplica en Twitter.

El congresista aprista, sin embargo, olvida –u omite– que la solicitud del relator Lanza se enmarca en las facultades que le reconoce a este la Convención Americana sobre DD.HH. que el Perú suscribió y ratificó a finales de la década de los 70. No hay, entonces, ninguna vulneración de derecho ni intromisión inoportuna y menos intimidación.

El tema es debatible, pero no entre cuatro paredes, como pretende el Parlamento, sino con las cartas sobre la mesa. Por ello, consideramos que la iniciativa debe regresar a la Comisión de Transportes. Que se abra ahí la discusión, que se confronten posturas y se legisle si hay algún vacío que normar (ojo que la publicidad estatal ya está regulada en la Ley 28874, que dio Alan García durante su segundo gobierno). Eso es lo que se hace en democracia…